El 11 de julio de 2021, en horas de la mañana, se inició en el municipio de San Antonio de los Baños, en Cuba, una protesta social. En cuestión de horas, las llamas se extendieron a todo el territorio nacional.

Miles de personas salieron a las calles a reclamar libertad, cambios en Cuba, vacunas, el fin de las tiendas en moneda libremente convertible, la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel y mejoras en general de la situación del país. El gobierno los llamó «confundidos», «vándalos» e «irresponsables» y los acusó de responder a intereses externos, al tiempo que dio una «orden de combate» a los «revolucionarios» y a las fuerzas de seguridad para que salieran a confrontar las expresiones populares.

Estos hechos, inéditos por su proporción, son el resultado del agravamiento de las condiciones sociales, económicas, sanitarias y políticas en el país. A continuación, repasamos varias de esas causas:

Emergencia sanitaria

La pandemia por covid-19 en el país se ha agravado. Después de tener la enfermedad bajo relativo control, con números muy bajos para la región, y comenzar la vacunación en algunas zonas del país -como parte de estudios de intervención con los candidatos cubanos- se desató la ola más fuerte de contagios y muertes. Hasta el 12 de abril de 2021, a poco más de un año de pandemia en el país, habían fallecido 467 personas y se habían diagnosticado 87.385 casos. Solo tres meses después, el 12 de julio, la cifra alcanza los 1.579 fallecidos y 224.914 casos positivos (2,5 veces más).

La peor situación ocurre en la provincia de Matanzas donde, entre el 1 y el 10 de julio de 2021, fueron diagnosticados 16.447 casos. El gobernador de la provincia, Mario Sabines, dijo al inicio del aumento de contagios que contaban con una capacidad para casi 6.000 personas en centros de aislamiento, pero declaró que se requieren 3.000 camas más para cubrir las necesidades frente al elevado número de casos que presenta. En el resto de las provincias del país, sobre todo en la capital, los casos oscilan en cifras de tres dígitos. El aumento de las personas hospitalizadas, la carencia de insumos y medicinas, y el agotamiento progresivo de los recursos materiales y humanos disponibles han puesto al sistema de salud en una situación de crisis, aunque las autoridades gubernamentales la llaman «compleja».

A la falta de recursos para enfrentar el covid-19 se suman graves carestías en el llamado Cuadro Básico de Medicamentos, que ha supuesto hasta la reaparición de otras enfermedades como la escabiosis.

El Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba lo integran 619 productos: 351 para hospitales y 268 para farmacias. De ellos, 263 (42%) son importados y 356 (58 %) son nacionales: 350 producidos por BioCubaFarma, 5 por la industria alimentaria y 1 por el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. De los fabricados por BioCubaFarma, un promedio de 85 estuvo «en falta» durante 2020. A estos se suman los de importación, que tampoco han entrado al país en los últimos meses y que se usan, fundamentalmente, en la atención secundaria de salud. El ministro de Salud Pública José Ángel Portal reconoció que la situación con los medicamentos continuaba «tensa» y ofreció como alternativa la producción y el uso de la medicina natural y tradicional.

Ante el desabastecimiento en las farmacias, los cubanos han buscado otras vías para acceder a los medicamentos: grupos en redes sociales de donación e intercambio, comercialización en el mercado ilegal y encargos al extranjero. En medio de este panorama, usuarios cubanos en Twitter iniciaron la campaña #SOSMatanzas, a la que lograron sumar influencers y personalidades internacionales tan variadas como Mía Kalifha, Alejandro Sanz, Daddy Yanky, Paco León, Residente (Calle 13), entre otros. La movilización busca denunciar la situación de colapso y reclamar la creación de vías legales para el envío de ayuda humanitaria desde otros países por parte de la diáspora, en especial un corredor entre la comunidad cubana en Estados Unidos y el archipiélago que no sea gestionado por el Estado cubano, en el que no confían. El Gobierno cubano ha denunciado esta campaña por considerarla afín a intereses intervencionistas del gobierno norteamericano. Niega estar cerrado a la recepción de ayuda humanitaria, aunque siempre demanda que llegue «por los canales pertinentes».

Parte de la discusión pública desatada por la gravedad de la crisis sanitaria en los últimos días está vinculada a la convivencia de la población matancera con cientos de turistas rusos. Las fronteras del país continúan abiertas al turismo internacional, restringido a los principales polos turísticos; pero las autoridades aeronáuticas permiten muy pocas frecuencias de vuelo a los principales enclaves de la emigración cubana, desde donde llegan remesas y envíos que ayudan a paliar la crisis general.

El gobierno cubano, en particular el primer ministro Manuel Marrero, dijo en comparescencia televisiva que descartan a los turistas rusos como la causa de los contagios y que solo cerrarán el país ante una situación extrema. En los primeros seis meses del año han arribado 122.000 turistas, la cifra más alta antes de la pandemia fue de 4,2 millones.

A pesar de que el país es el primero en la región latinoamericana en desarrollar dos candidatos vacunales contra el covid-19 con una eficacia de más de 90 %, la vacunación también se ha demorado. Cuba apostó al desarrollo de sus propios candidatos vacunales y decidió no incorporarse al mecanismo internacional COVAX. Ello implicó que la aplicación de candidatos vacunales cubanos fuera hecha de manera experimental y con límites durante varios meses, hasta que recién el 9 de julio, uno de los dos candidatos, Abdala, obtuvo de la entidad reguladora nacional cubana el permiso de uso de emergencia.

Como parte de ensayos clínicos y estudios de intervención, hasta el 10 de junio 3.045.823 personas habían recibido al menos una dosis y 1.862.930 han completado el esquema de tres dosis de Abdala o de Soberana 02 más Soberana Plus. Sin embargo, esto se ha limitado a la provincias de La Habana, Matanzas, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, y al personal de salud.

Extender la vacunación fue uno de los reclamos escuchados durante las protestas.

Crisis económica

La precaria situación económica de un número cada vez más amplio de personas, la dolarización de la economía y el difícil acceso a alimentos y productos de primera necesidad -comercializados desde fines de 2019 en divisas extranjeras- han aumentado las desigualdades y es una de las principales fuentes de malestar.

La permanencia del bloqueo/embargo y de las medidas de la administración Trump que desmontaron el proceso de normalización iniciado por Barack Obama y Raúl Castro suenan de fondo en esta situación. Sanciones a empresas relacionadas con el consorcio GAESA, de las Fuerzas Armadas, condujeron al cierre de los servicios de Western Union en Cuba y un recorte drástico de las remesas; además de la prohibición de vuelos a todas las ciudades cubanas, con excepción de La Habana, y el cierre de los servicios consulares de la embajada estadounidense por los presuntos «ataques sónicos», son componentes de la crisis pero no la explican por sí solos.

En octubre de 2019 el gobierno cubano informó la posibilidad de comprar electrodomésticos, partes y piezas de autos y otras mercancías en monedas libremente convertibles. Lo que se anunció como una opción temporal, limitada a la comercialización de artículos de gama media y alta, no demoró en convertirse en norma.

En su argumentación, las autoridades aseguraban que una parte de las ganancias de las tiendas en moneda libremente convertirle se destinarían al desarrollo de la industria nacional, para ponerla en condiciones de satisfacer las necesidades del mercado doméstico y, en algún momento, exportar.

«Sería necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente convertible, para tener divisas y seguir ampliando este tipo de ventas; y porque parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras», dijo por entonces Díaz-Canel.

Un año y medio después los alimentos y principales productos de primera necesidad se encuentran, casi de manera exclusiva, en divisas extranjeras y aumenta el número de servicios que solo están disponibles en esta moneda. Aunque el cambio oficial de divisas en el país está fijo desde el 1 de enero de 2021 en 24 pesos cubanos (CUP) por dólar, no es posible comprar divisas por esa vía. El mercado informal se ha encargado entonces de suplir la demanda de divisas para poder comprar en las tiendas (todas estatales) o para salir al extranjero, lo mismo como emigrados que de viaje de compras. La tasa informal se ha vuelto la verdadera referencia de los valores del mercado.

La situación empeoró cuando el Banco Central de Cuba (BCC) anunció el 10 de junio de 2021 que diez días después suspendería de manera temporal los depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses. Según las autoridades, la medida se debía a los «obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país». Sin embargo, varios economistas apuntaron que la medida tenía la ventaja de recoger varios millones de dólares en efectivo circulante en el país de manera rápida, en un momento de álgida crisis de liquidez en los bancos cubanos, y justo en el momento en que Cuba llegaba a acuerdos con sus acreedores del Club de París para no incumplir compromisos de pago y entrar en default.

Un desordenado «ordenamiento económico»

La implementación de la nombrada Tarea Ordenamiento, destinada a suprimir la dualidad monetaria existente, ajustar tasas de cambio y escalas salariales, comenzó en enero de 2021, después de ser pospuesta durante años. El timing, sin embargo, no pudo ser menos halagüeño: transcurría el primer año de consecuencias económicas y sociales de la pandemia y se había iniciado un proceso de re-dolarización de la economía.

Junto a la unificación monetaria y cambiaria que eliminó al peso cubano convertible (CUC), una de las dos monedas cubanas circulante en el país, y las múltiples tasas de cambio, llegaron otras dos medidas anunciadas desde hacía años: la eliminación de subsidios y gratuidades y una transformación en los ingresos. El aumento de salarios y pensiones debía ajustar la pirámide invertida en el ingreso de los trabajadores con una mejor repartición de las riquezas según el trabajo de cada cual y con ella una mayor calidad de vida. Sin embargo, seis meses después de la implementación de estas reformas, la inflación ha consumido las ganancias del cambio salarial, no se detiene el aumento de precios en todos los sectores económicos, tanto estatales como privados. Muchas personas ahora ganan más, pero tienen menos capacidad adquisitiva.

La crisis es también social

Sin dinero para importar los alimentos que demanda el país, ante la precaria producción nacional, el gobierno ha llamado a incrementar las cosechas, con resultados apenas visibles. Conseguir comida sigue siendo uno de los más angustiosos dilemas del día a día.

La poca disponibilidad de productos -sin hablar de su falta de variedad y baja calidad para la nutrición- y sus altos precios, han hecho de este problema la principal preocupación de las familias, al punto que el Estado, desde 2007, lo ha considerado un tema de seguridad nacional que cada día se agrava más.

Otro tema que ha generado profunda irritación e incertidumbre entre los cubanos ha sido el regreso de los apagones. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitieron una nota oficial el 21 de junio sobre las afectaciones al servicio en el país.

Según el comunicado, esta situación es temporal y se debe a la conjunción de varias causas: las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, las unidades que se encuentran en mantenimiento, averías ocurridas en las plantas y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Un lenguaje burocrático para no decir que los bloques de generación están obsoletos y que no está entrando suficiente combustible a Cuba.

El resultado fue el regreso de «rotaciones» para afectar los distintos circuitos del país un tiempo máximo de 4 horas diarias -ampliada a 6 horas el 30 de junio- oficialmente. La realidad ha sido de apagones mucho más largos en varios territorios, en especial fuera de La Habana. En San Antonio de los Baños, donde comenzó la revuelta, los pobladores daban cuenta de apagones de 12 horas por varios días consecutivos. Tras la movilización popular, el gobierno prometió el fin de estos problemas en breve.

Las actuales circunstancias sociales rememoran los años del llamado Período Especial en los años años 90, cuando el país atravesaba una dura crisis económica tras la caída del bloque soviético. Para muchas cubanas y cubanos la situación ahora es igual o peor que entonces.

Activación ciudadana y fractura del monopolio ideológico

Las protestas recientes no son la primera expresión de inconformidad política de los últimos meses. Son las primeras de carácter popular y masivo; pero varios incidentes sirven de antecedentes a los sucesos de este 11 de julio.

Después de que las autoridades irrumpieran la noche del 26 de noviembre de 2020 en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en La Habana Vieja, y desalojaran a quienes se habían declarado en huelga de hambre, sed o ambas en protesta ante la detención y el proceso judicial contra uno de sus miembros (el rapero Denis Solís), una veintena de jóvenes se encontró frente al Ministerio de Cultura para reclamar un diálogo con las máximas autoridades. El grupo y las demandas crecieron a lo largo del día hasta superar la cifra de 300 personas ahí presentes.

El 27 de noviembre de 2020 ocurrió algo inédito en la Cuba post-59. Por primera vez, un grupo diverso de personas autorganizadas, con diferentes demandas políticas, tomaron el espacio público y lograron presionar a una institución gubernamental: el Ministerio de Cultura.

En menos de una semana, las autoridades encontraron pretextos para impedir la mesa del diálogo y lanzar una campaña de deslegitimación del movimiento, al acusar a los participantes de responder a intereses externos. Comenzaría entonces un proceso que ha durado varios meses en los que las detenciones, los asesinatos de carácter y una campaña de descrédito en los medios de la propaganda oficial contra todo el que se relacionó con los eventos del 27N, serían noticia cada día.

Todas las propuestas de diálogo con la sociedad civil merecieron igual desinterés por parte del gobierno, enrocado en su postura de solo hablar con quienes estén «dentro de la Revolución».

Los constantes ataques y descalificaciones llevaron al grupo conocido como Articulación Plebeya a presentar un recurso de queja y petición firmada por más de 400 intelectuales para frenar los atentados contra la dignidad y el honor de las personas, los cuales se han vuelto prácticas habituales de las autoridades y medios de comunicación en el archipiélago.

Las tensiones volvieron a las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero de 2021, cuando varios miembros del grupo autoconvocado en noviembre de 2020 demandaron ser escuchados otra vez y fueron agredidos físicamente por empleados estatales, encabezados por el ministro del ramo. En la mañana del 3 de febrero de 2021, varios artistas cubanos presentaron una petición al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE), Esteban Lazo Hernández, para revocar a Alpidio Alonso de su cargo como diputado y ministro, lo cual como era de esperar fue desestimado.

Durante este tiempo también generó mucho impacto en la opinión pública virtual el caso de la joven periodista Karla María Pérez, quien fue dejada en un limbo legal por el gobierno cubano al prohibirle la entrada a Cuba y notificárselo en Panamá, mientras hacía tránsito desde Costa Rica, donde había terminado su estancia legal al concluir los estudios. Karla fue desterrada por su trabajo en medios digitales independientes, antes había sido expulsada de la universidad en Cuba por sus criterios políticos y por su membresía en una organización opositora.

La impunidad con la que actúan los representantes estatales y los voceros de campañas de desprestigio en los medios estatales ha generado diversos rechazos en los ciudadanos, algunos de los cuales han presentado quejas y denuncias ante la Fiscalía. Sin embargo, como ha quedado claro, a las instituciones que les corresponde velar por la «legalidad socialista», no les interesa investigar posibles delitos de sus compañeros, aunque ello implique incumplir con su mandato constitucional.

Son meses en los que han continuado las acciones represivas, enfocadas en acallar la insólita congregación que se logró el 27 de noviembre de 2020.

Ante las detenciones y la destrucción de sus obras de arte, el líder del MSI, Luis Manuel Otero Alcántara, anunció que se declaraba en huelga de hambre y sed el 25 de abril de 2021 y así se mantuvo hasta que un operativo policial lo llevó al hospital Calixto García.

El encierro de Otero Alcántara generó un acto de protesta pública en la calle Obispo el 30 de abril de 2021, que se saldó con 12 detenidos, acusados luego de resistencia y desacato y dejados algunos de ellos en prisión provisional. El 31 de mayo, 29 día después de su extracción, fue dado de alta. Durante ese tiempo solo pudieron tener acceso a él las personas que los cuerpos de seguridad que custodiaban la instalación hospitalaria determinaron, con varios días consecutivos en los que nada se supo de él.

También ha avanzado la estrategia de persecución judicial «quirúrgica» contra las figuras más «combativas» del 27N y la oposición política actual. A fines de abril de 2021, la artista Tania Bruguera fue acusada de instigación a delinquir luego de que escribiera un post en Facebook a raíz de una de las detenciones arbitrarias de las artistas y activistas Katherine Bisquet y Camila Ramírez Lobón. La lista de acusados ha seguido creciendo. Hamlet Lavastida, artista y miembro del grupo 27N, fue arrestado y puesto bajo investigación tras su llegada a Cuba el 21 de junio de 2021 proveniente de Alemania, donde concluyó una residencia artística en la galería Künstlerhaus Bethanien de Berlín.

Este enfrentamiento entre los artistas que protagonizaron el 27N ha estado en el foco de atención del país, aunque pareciera que se escucha más alto la campaña desinformativa estatal. La estrategia represiva ha incluido otra vez los actos de repudio contra disidentes u opositores; además de constantes escaramuzas públicas y «guerras de canciones»; como la protagonizada a partir del tema musical «Patria y Vida», respuesta directa a la tradicional consigna política «Patria o Muerte».

A pesar de todo el esfuerzo comunicacional por desacreditar las acciones disidentes la tensión no ha bajado en estos meses. Un intento de detener al rapero Maykel Castillo, conocido como Osorbo, cuando buscaba llegar a San Isidro, terminó con un enfrentamiento con la patrulla que buscaba llevárselo y la liberación del miembro del MSI por los ciudadanos.

Este caldo de cultivo muestra condiciones naturales para un estallido social. Aunque el gobierno cubano no reconoce su legitimidad y prefiere hablar de un «golpe blando continuado y orquestado desde Estados Unidos», tiene responsabilidad en la acumulación de las causas de la protesta. Lo raro es que no hubiesen ocurrido antes. Al final, no solo vacunas, comida o el cierre de las tiendas en moneda libremente convertible se escuchaba en las consignas de los manifestantes. También sonó alto el grito de ¡Libertad!

Nota: La versión original de este artículo en castellano se publicó en El Toque el 13/7/2021 y está disponible aquí.