El pasado 6 de febrero, la población costarricense ejerció su derecho al voto para elegir una presidencia y dos vicepresidencias, así como las 57 bancas de la Asamblea Legislativa para el período 2022-2026. Fueron los decimoctavos comicios presidenciales y legislativos en Costa Rica que se realizan de manera ininterrumpida desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1949. Los candidatos que accedieron a la segunda vuelta son José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, fundado en 2018.

Estas elecciones fueron las del mayor número de aspirantes presidenciales desde 1930. Se inscribieron 27 partidos para la elección presidencial, pero finalmente el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no autorizó a dos de ellos, por lo que la contienda se disputó entre 25 candidaturas. En esta ocasión, únicamente tres partidos escogieron a su candidatura presidencial mediante primarias abiertas: el PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC). Las demás agrupaciones políticas escogieron su nómina presidencial mediante asambleas partidarias.

Los datos oficiales del escrutinio confirmaron la necesidad del balotaje previsto para el próximo 3 de abril entre los dos candidatos más votados. Figueres obtuvo alrededor de 27% de los votos válidos, mientras que Chaves alcanzo 17%. El oficialista Partido Acción Ciudadana (social-liberal) que hace cuatro años rompía el bipartidismo tradicional y gobernó dos periodos fue penalizado en las urnas y se ubicó por debajo del 1%.

Figueres fue presidente de la República entre 1994-1998. Desde su salida del gobierno ha enfrentado cuestionamientos por distintas decisiones de su administración, como el cierre de un banco estatal (Banco Anglo) y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), la reforma a las pensiones del Magisterio Nacional —que desencadenó una huelga durante 1995, en el que fue uno de los ciclos de protesta más importantes de la historia reciente—, la firma del «Pacto Figueres-Calderón» en el que se acordaba privatizar varias instituciones públicas como parte del ajuste estructural en el Estado costarricense, contrario a sus promesas de campaña.

Chaves es un economista de larga trayectoria en el Banco Mundial, organismo al que renunció en octubre de 2019, poco antes de que el presidente Carlos Alvarado lo designara ministro de Hacienda, cargo que ejerció durante menos de seis meses. Desconocido en la política nacional, Chaves fue protagonista, durante su paso por el ministerio, de varios acontecimientos que suscitaron polémica, principalmente tras la llegada de la pandemia de covid-19 al país: el anuncio —sin respaldo del presidente— de sus intenciones de gravar los salarios superiores a 500.000 colones (alrededor de 780 dólares en ese momento) para hacer frente a la crisis sanitaria, la denuncia de un directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social que acusó a Chaves de oponerse al pago de la deuda del Estado con la seguridad social o la discrepancia con el presidente sobre la eximición a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal. Esto último provocó que en mayo de 2020 el presidente Alvarado le solicitara la renuncia al cargo y, desde entonces, se convirtiera en un constante crítico del accionar del gobierno.

La segunda vuelta de abril se disputará entre dos promotores del modo de desarrollo neoliberal que ha imperado en el país desde finales de la década de 1980. Figueres representa uno de los partidos que, al final de la etapa bipartidista, impulsó reformas estructurales del Estado que siguieron el ideario del Consenso de Washington. En esta oportunidad, su equipo económico asesor (y parte de su eventual gabinete) proviene de cámaras empresariales y think tanks como la Academia de Centroamérica, tradicional centro de pensamiento liberal económico de Costa Rica, del cual también es miembro Chaves.

Las mayores diferencias entre ambos, entonces, no se dan en aspectos ideológicos ni en la agenda de propuestas macroeconómicas que, en general, comparten. Tampoco se perciben diferencias sustanciales en los planes o programas de gobierno de sus dos partidos políticos. Más bien, existen disputas vinculadas a la creciente personalización o individualización de la política nacional, el desalineamiento partidario en las mayorías ciudadanías y el hartazgo generalizado con la política «tradicional». Estas son tendencias que han crecido durante las últimas dos décadas.

En sus discursos de campaña electoral, el ex-presidente Figueres puso énfasis en su experiencia y reconocimiento internacional, así como en la «modernidad» de su visión política. Evitó sobredimensionar la trayectoria histórica del PLN y los ataques personales contra otros postulantes, probablemente a sabiendas de que se encuentra en una posición desfavorable si se escarba en su propio pasado a cargo del gobierno. Por su parte, Chaves ha sido particularmente beligerante contra la prensa, los partidos tradicionales, la corrupción en la función pública y la burocracia que, según él, favorece los intereses de pequeños grupos. Su discurso y su propaganda revelan rasgos distintivos de un outsider y de un tipo de liderazgo con potenciales tintes autoritarios y populistas de derecha.

Durante la noche del 6 de febrero, Figueres emitió un discurso resaltando su compromiso con la formación de un gobierno que «combatirá todos los tipos de violencia contra las mujeres», en clara alusión a la sanción por conducta sexual impropia contra Chaves, que hace casi 10 años, le fue impuesta mediante un procedimiento administrativo interno del Banco Mundial.

Esa misma noche, minutos después del discurso de Figueres, el candidato de Progreso Social Democrático invitó a su contendiente a llevar una «campaña de altura», centrada en ideas y no en «ataques personales».

Durante la semana que ha transcurrido desde la primera vuelta, la tónica de las campañas de las dos candidaturas ha sido justamente lo anunciado en ambos discursos; mientras tanto, las redes sociales se han convertido en campo de batalla sobre la presunta misoginia y autoritarismo de Chaves y sobre la cercanía de Figueres con los «intereses de grupos pequeños, tradicionales y poderosos».

Estas visiones prospectivas de un eventual gobierno de Figueres o de Chaves deben de analizarse, a su vez, a la luz de la composición de la nueva Asamblea Legislativa. Sus 57 escaños se distribuyeron de manera provisoria de la siguiente forma (al 15 de febrero cuatro escaños permanecían en disputa): 18 para Liberación Nacional, 11 para la Unidad Social Cristiana (PUSC), 9 para el Partido Progreso Social Democrático, 7 para el Partido Nueva República, 6 para el Partido Liberal Progresista y 6 para el Frente Amplio.

El Partido Progreso Social Democrático, el Liberal Progresista y el Nueva República irrumpen por primera vez en el Congreso, representando a distintas corrientes o denominaciones de centroderecha y derecha: desde el liberalismo económico del Liberal Progresista, hasta el fundamentalismo religioso de Nueva República. Esta fuerte irrupción de nuevos partidos, sumada a las más numerosas bancadas de los tradicionales PLN y PUSC, permiten augurar una profundización de la agenda neoliberal y el conservadurismo social, que durante la actual Asamblea Legislativa se tradujo en iniciativas de ley a favor de la fiscalidad regresiva, la austeridad fiscal, la objeción a la aplicación efectiva de derechos humanos de ciertos grupos poblacionales (indígenas, LGTBI+) y los ataques directos a los derechos laborales del sector público y del privado.

El principal y quizás único contrapeso en esta situación sería la fracción legislativa del Frente Amplio (izquierda), que aumentó su presencia en el Legislativo de un diputado (José María Villalta, principal dirigente y candidato presidencial) a 6 curules.  El leve crecimiento se produjo a pesar de varias campañas «del miedo» en redes sociales y en medios de comunicación contra el supuesto peligro que el Frente Amplio significaba por su presunto «chavismo» y «comunismo». La mayor parte de quienes forman parte del Frente Amplio son jóvenes menores de 32 años, aunque con una trayectoria de larga data de militancia en el partido y de asesoría en el Congreso.

Pareciera que la apuesta del Frente Amplio en el futuro inmediato será la construcción de nuevos liderazgos que permitan tomar el relevo de Villalta y de otras figuras provenientes del socialismo criollo, y un esfuerzo por consolidar la agrupación como una alternativa política viable tras una serie de oportunidades perdidas.

La posibilidad de éxito del Frente Amplio en contrarrestar los proyectos provenientes de las posibles alianzas de derechas en la Asamblea dependerá de la correcta identificación de las posibles contradicciones en el interior de esas bancadas y de saber aprovechar los vaivenes propios de una dinámica legislativa que se augura, por el nivel de fragmentación, volátil y con acuerdos puntuales e inestables. En ese sentido, Sofía Guillén, diputada electa del Frente Amplio por la provincia de San José, declaró ser consciente de que la agenda del partido debía estar encaminada a identificar las oportunidades de diálogo con las demás fuerzas políticas, para impulsar proyectos en materias como lucha contra la corrupción y el fraude fiscal.

A pesar de las dificultades que se prevén en el panorama legislativo, lo cierto es que el Frente Amplio aumenta su peso relativo como partido de oposición, en comparación con las tres ocasiones (2006-2010, 2010-2014 y 2018-2022) en las que tuvo que enfrentar el desafío de ser una bancada legislativa unipersonal. No obstante, los sectores populares y los movimientos sociales también tendrán que desempeñar un rol fundamental en la organización y movilización, sobre todo en un contexto en el que el quehacer legislativo estará en sus inicios condicionado por el ingreso reciente de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la actual negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a financiamiento por más de 1.700 millones de dólares. Al respecto, el próximo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa tendrán que discutir las reformas que se exigen para demostrar capacidad de pago ante este organismo financiero internacional.

Los comicios del 6 de febrero de 2022 confirmaron varias tendencias y trayectorias sobre la crisis de representación política que vive la ciudadanía costarricense desde hace ya varios lustros.

Una manifestación de esta crisis es el aumento en la volatilidad electoral y la inestabilidad en las preferencias políticas de la ciudadanía costarricense: por ejemplo, los dos partidos que disputaron la segunda ronda en 2018 (Acción Ciudadana y Restauración Nacional) quedaron lejos de los primeros lugares en este reciente proceso electoral y no obtuvieron un solo escaño en la Asamblea Legislativa. Esta volatilidad en las preferencias electorales se evidencia, asimismo, en el hecho de que una agrupación nueva como Progreso Social Democrático sea la segunda más votada y acceda a la disputa del balotaje contra el PLN, el partido más longevo existente en el país (fue fundado en 1951).

Otro dato que confirma la relación problemática entre ciudadanías e instancias de representación tradicional es el incremento del abstencionismo electoral. El domingo 6 de febrero la abstención se ubicó en 40%, el porcentaje más alto desde 1958, que contrasta aún más con el promedio del 18% del período 1962-1994.

Es posible que la reducción significativa de la participación electoral se deba, también, al factor coyuntural de la pandemia de covid-19 y los récords de contagios provocados por la variante Ómicron, pero no se debe soslayar que en los últimos años se ha profundizado la apatía y el desapego por la política partidaria, lo cual se constata con el dato que indica que 87% de la ciudadanía costarricense no simpatiza con ningún partido político.

La erosión de la representación tradicional se agudiza además con las problemáticas irresueltas en la producción, acumulación y distribución de la riqueza nacional. No  solamente las finanzas públicas se encuentran en una situación delicada, sino que la desigualdad medida según el Coeficiente de Gini viene creciendo, la pobreza no baja de 20-25% de la población y el desempleo estructural que ya antes de la pandemia superaba el 10.

Los escenarios que se derivan de los posibles resultados de la segunda ronda del 3 de abril, así como la conformación de la Asamblea Legislativa, permiten avizorar la persistencia o el aumento de la conflictividad y exclusión sociales, así como el surgimiento de nuevos ciclos de protesta o «democracia de la calle» durante los próximos cuatro años.