Entre los sucesivos escándalos de corrupción y la esperanzadora visita del papa Francisco a Colombia, pocas semanas después de la finalización de la dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el debate sobre la nueva organización política surgida del Acuerdo de Paz apenas comienza. Entre quienes han escrito en la prensa sobre el tema, no pocos muestran rechazo, cuestionamientos o escepticismo, aunque también hay valoraciones positivas.

El debate se ha centrado, ante todo, en las cuatro letras de la sigla que los ex-guerrilleros decidieron mantener: ya no serán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sino la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, aunque quitaron «EP», de Ejército del Pueblo, en virtud de su pasaje a la vida civil. Generan interrogantes tanto su estructura y forma de funcionamiento como su presentación como partido «revolucionario» pero «de carácter amplio y diverso». Y apenas empieza a perfilarse el debate sobre lo que llamaron su pensamiento crítico y libertario.

Los más duros opositores al Acuerdo de Paz –entre quienes milita el ex-presidente Álvaro Uribe– no están siquiera dispuestos a admitir que las antiguas FARC existan, aunque sea sin armas. Alegan que mantener su sigla es un insulto a las víctimas, una forma de enaltecer a los victimarios y justificar su guerra de más de medio siglo. Creen que el nuevo partido no desmantelará su estructura vertical/militar, pues ven el Acuerdo como una concesión a la cúpula de las FARC para que esta pueda seguir sometiendo a los ex-guerrilleros, a unos haciéndolos parte de su protección armada y a otros mediante la reinversión de los recursos destinados a la reinserción colectiva en una cooperativa controlada por los altos mandos. Afirman que la FARC tratará de sacar ventaja electoral usando bienes que ocultan y que debieron entregar –junto con el inventario declarado– para reparar a las víctimas. En cuanto a sus banderas, insisten en que la FARC «solo busca imponer otra Cuba u otra Venezuela».

Hay quienes sí celebran que hayan dejado las armas para hacer política legal y por eso le hacen varios cuestionamientos a la nueva organización. Estos señalan que, aunque mostró un logo parecido al de la socialdemocracia –una rosa a la que se le agregó una estrella en el centro–, mantiene la repudiada sigla y algunos de sus líderes siguen usando el alias que los identificó en la guerra; que, en lugar de revisar críticamente su levantamiento armado, lo justifican asumiéndose como víctimas del régimen y reconociendo como su causa solo el conflicto social y no sus equivocadas decisiones, que pusieron las armas por sobre la movilización y acción legal; que su unión es precaria y que parece más bien producto de una inercia militar que fusilaba el disenso; que dicen no seguir un modelo político o económico, pero anuncian el combate contra el capitalismo en armonía con los gobiernos progresistas de la región y haciendo caso omiso de sus crisis.

Por otro lado, personas más cercanas al nuevo partido también le formulan algunas críticas, pero resaltan varios hechos positivos. Las cuatro letras del partido fueron fruto de un debate y de una decisión democrática que derrotó al ex-comandante en jefe Rodrigo Londoño, antes «Timochenko», quien promovía conformar un movimiento más amplio con el nombre Nueva Colombia. Luciano Marín, alias «Iván Márquez», jefe negociador del Acuerdo, le ganó la pulseada con este argumento: «Puede ser que para algunos este nombre arrastre una carga negativa, pero también representa nuestro pasado revolucionario, que no se va a desdibujar. Vamos a continuar el conflicto, pero ahora desde la política y la legalidad».

Los más afines también destacan el símbolo de la FARC, que refleja una búsqueda que apenas comienza. De hecho, hubo posiciones diversas entre los cerca de 1.200 delegados escogidos por las bases para deliberar sobre principios, referencias ideológicas, programa, alianzas, estrategias de representación y movilización social. Cuestionan que, aunque se votó, aún es difícil que el liderazgo respete las mayorías que el congreso conformó, aunque reconocen que estas son cambiantes.

Londoño –quien recientemente ha sufrido problemas de salud– quedó quinto en la votación del congreso de la FARC en la que se escogió la nueva dirección, denominada ahora Consejo Nacional de los Comunes. En su primera reunión, los 111 miembros del Consejo lo designaron como presidente del partido y del Consejo Político y acogieron su pedido: «Tenemos que tomar conciencia real de la amplitud con que debemos dirigirnos a la nación, sin dogmas ni sectarismos, ajenos a toda ostentación ideológica, con propuestas claras y sencillas. (…) Nuestra única arma ahora es la palabra y a ese esfuerzo dedicaremos nuestra vida política. (...) No queremos una sola gota más de sangre por razones políticas».

Londoño ha reiterado ese llamado desde la X Conferencia Nacional Guerrillera en los llanos del Yarí, de septiembre de 2016, cuando se lanzó una campaña de opinión dirigida sobre todo a la población de las ciudades donde el rechazo a las FARC es casi total. Un año después, los resultados son contradictorios. A juzgar por las encuestas, la renuncia a las armas es celebrada por un porcentaje cada vez mayor, entre quienes la ex-guerrilla alcanza una imagen mejor que la de algunos partidos tradicionales. Y la FARC, en el acto público de clausura de su I Congreso, mostró capacidad de convocatoria, así fuera porque la curiosidad o el gran concierto que promovieron fueron una notable fuente de atracción. No obstante esos logros, aún es muy alto el rechazo nacional acumulado a lo largo de más de 50 años de violencia.

Por ese pasado, la naciente FARC no logró que asistieran a la inauguración de su congreso ninguno de los cerca de 30 personajes y candidatos presidenciales invitados. Hay que ver si Londoño logra concretar su llamado a impulsar una gran convergencia nacional y su disposición a apoyar una candidatura presidencial en las elecciones de 2018 que garantice el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Aunque el congreso de la FARC no hizo una revisión crítica de la acción violenta de la guerrilla, Londoño como máximo vocero reiteró el pedido de perdón que ha formulado en otras ocasiones. Como aún no funciona el sistema de Justicia Especial ni el proceso de esclarecimiento de la verdad, pedidos como ese no se han traducido en garantías de no repetición y de reparación a las víctimas. Esta será la prueba decisiva de hasta dónde va el «arrepentimiento».

Un cambio significativo comienza a perfilarse en el nuevo partido. «Habrá una buena cuota de mujeres, etnias y todas las expresiones del nuevo movimiento. Nuestro partido es democrático, queremos ser ejemplo de la democracia que Colombia necesita», dijo Jorge Torres Victoria, antes alias «Pablo Catatumbo», hoy consejero de organización. Y, como nunca antes, ahora en la FARC, 26 de los 111 miembros del Consejo de los Comunes son mujeres. Y de los 15 miembros del Consejo Político, cuatro son mujeres y uno afrodescendiente. Todo ello, en buena medida, ocurre gracias a que desde la negociación hubo presión de las víctimas y de las organizaciones de mujeres y de indígenas, que exigían un enfoque de género y étnico en el Acuerdo de Paz.

Muy significativo también ha sido que la –hasta hace muy poco– guerrilla más antigua de América Latina y el Caribe, haya podido llegar a Bogotá, el corazón del poder político y económico nacional, a transformarse en partido político en un tradicional Centro de Convenciones y a clasurar su congreso en la emblemática Plaza de Bolívar de la capital.

El nacimiento del nuevo partido es un paso importante en la compleja implementación del Acuerdo de Paz. Le exige a la FARC someterse a las reglas de juego del Estado de derecho, así su proyecto apunte a cambiar el sistema. Al Estado, a su turno, le demanda cumplir las otras partes del Acuerdo –las secciones agraria, de drogas y de reforma política– para erradicar los problemas regionales o nacionales que alimentaron la violencia y, no menos importante, garantizar la seguridad física de los integrantes de la FARC en un país que conoció asesinatos masivos de líderes de izquierda. También les reclama al país y a la dirigencia de los demás partidos políticos derrotar la polarización que alienta la violencia e impide la expresión legal de todas las tendencias ideológicas en el juego democrático.