La última encuesta de Ipsos publicada en el diario El Comercio una semana antes de las elecciones generales peruanas mostró un quíntuple empate técnico en el primer lugar en la intención de voto presidencial. Se trataba de los candidatos Yohny Lescano (12,1%), Hernando de Soto (11,5%), Verónika Mendoza (10,2%), George Forsyth (9,8%) y Keiko Fujimori (9,3%). Como bien ha señalado el politólogo Carlos Meléndez, el escenario nos presentaba a «minicandidatos»: políticos que se disputaban la Presidencia de la República con menos de 10% del respaldo del electorado.

Los votos del 11 de abril, sin embargo, pusieron en primer lugar al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con 19,085%, seis puntos por encima de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien obtuvo 13,37% (con más de 98% de las actas procesadas). Este ex-sindicalista del magisterio fue la gran sorpresa de la jornada. Su alza se produjo desde inicios de abril, pero alcanzó al pelotón que pugnaba por la segunda vuelta en los días previos a los comicios, según fueron retratando varias encuestas que no pudieron ser publicadas por los medios de comunicación debido a restricciones normativas.

La campaña electoral peruana se ha dado en medio de una crisis política, sanitaria y económica. Una gran parte de la población siente que, nuevamente, debe elegir el «mal menor» para investirlo como presidente. Diversos factores han sido determinantes en este panorama.

La desafección política

Si bien la disolución constitucional del Congreso de la República de mayoría fujimorista, impulsada por el ex-presidente Martín Vizcarra en noviembre de 2019, hizo creer a la población –que mayoritariamente apoyó la medida– que la etapa de confrontación entre poderes llegaba a su fin, ello estuvo lejos de suceder. En noviembre de 2020, el nuevo Congreso destituyó a Vizcarra del cargo de presidente de la República, después de que se difundieran por diferentes medios de comunicación acusaciones de que había recibido sobornos durante su gestión en el gobierno regional de Moquegua. 

La inestabilidad política del país ha sido extrema. En un quinquenio, lo normal es que Perú tenga un presidente y un Congreso, pero en el último lustro el país ha tenido cuatro presidentes y dos Congresos. Además, dentro de ese mismo periodo, varios líderes políticos y ex-presidentes han sido involucrados en casos de corrupción, sembrando en la ciudadanía un manto de sospecha en la política.

Los casos más sonados son los de Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido preliminarmente en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht, y Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos, prófugo de la justicia peruana. Sin embargo, los ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori también tienen procesos activos con la justicia; en el caso de esta última, la fiscalía pidió para ella 30 años de cárcel por presunto lavado de activos

El último en incorporarse en la lista ha sido Martín Vizcarra. Varios escándalos de corrupción cayeron sobre él desde mediados de 2020, cuando aún era presidente. Vizcarra fue uno de los políticos más populares de los últimos años. Cuando dejó el cargo, ya cuestionado, contaba con una aprobación de 77%. Fue un político que, sin partido político ni alianzas, supo gobernar únicamente con el apoyo popular, al levantar la promesa de que mejoraría la clase política eliminando la corrupción. 

En las protestas de noviembre de 2020, después de su salida, se escuchó una y otra vez el grito de «que se vayan todos». Una encuesta de opinión pública muestra que, durante ese ciclo de manifestaciones, aproximadamente 60% de la población sentía que ningún político la representaba. Al mismo tiempo, la demanda de cambiar la Constitución –hasta entonces planteada por sectores sociales reducidos– fue creciendo y, en diciembre de 2020, fue avalada por 97% de los peruanos (entre quienes reconocían la necesidad de modificarla y los que apostaban por redactar una nueva). La ciudadanía pidió cambios estructurales que el nuevo gobierno de transición no supo atender. «No tenemos ni la legitimidad ni el tiempo para hacer cambios a la Constitución» fue una de las primeras declaraciones de Francisco Sagasti como jefe de Estado, tras ser nombrado en reemplazo de Vizcarra. 

Por otro lado, ningún aspirante al sillón presidencial pudo posicionarse políticamente y convencer de que su programa solucionaría los problemas de una ciudadanía afectada por la pandemia y la inestabilidad política. La candidata de izquierda Verónika Mendoza y Julio Guzmán, del partido de Sagasti, fueron dos políticos que tuvieron grandes oportunidades de crecimiento los últimos meses, pero por distintas razones no repuntaron. 

La desafección política se hizo evidente en febrero de 2021. Para entonces, las encuestas ya nos pintaban a los «minicandidatos». En febrero de 2020, el único aspirante a la Presidencia de la República que superaba el 10% de intención de voto era George Forsyth, un ex-futbolista y ex-alcalde municipal. Tenía 11% de intención de voto, pero este porcentaje fue en bajada con cada encuesta. Si bien buscó posicionarse como una cara fresca y alejada de la política, el escaso contenido del discurso que planteó en los debates y entrevistas, en donde su principal oferta era una carrera alejada de la política, hizo que la población perdiera el interés que en un inicio le había despertado.

En este contexto, con un respaldo de 19% del electorado, Castillo fue el candidato más apoyado del país. Desde que la Constitución Política de 1979 instauró la segunda vuelta en las elecciones para la Presidencia de la República, el ganador de la primera vuelta electoral siempre obtuvo más de 30% del apoyo popular. Pero en un contexto de enorme fragmentación, se convirtió en el ganador de la primera vuelta con menor respaldo electoral de la historia (que baja aún más si se considera que ese 19% es sobre votos válidos y votantes efectivos: la abstención llegó casi a 30%, y los votos nulos y blancos superaron el 17%). Este candidato sorpresa se perfila como el que propone los cambios más ambiciosos, al apostar por el término de las tres décadas de política neoliberal en el país.

La palabra del maestro

La primera vez que los medios de comunicación de alcance nacional se refirieron a la campaña de Castillo fue el 10 de marzo pasado. Faltaba un mes para los comicios y el candidato contaba con 3% de intención de voto, según la encuestadora Ipsos. Había sido retenido por la Policía por generar una aglomeración de personas durante un mitín político en la plaza de Armas de Mazuko, en la región selvática de Madre de Dios. Con esa anécdota, los grandes medios volvían a mirar al protagonista de la huelga del magisterio de 2017 que durante 75 días fue acatada por aproximadamente 250.000 maestros de un servicio público total de 340.000 docentes. El paro de maestros que Castillo lideró como dirigente del Comité de Lucha de las bases regionales del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), en contra de la dirección del sindicato, no consiguió algún beneficio concreto para el gremio, pero se convirtió en una de las manifestaciones sociales más grandes de los últimos años. 

Castillo es profesor de primaria en una escuela pública ubicada en la provincia de Chota, en la región norteña de Cajamarca, donde nació. Es parte, además, de las rondas campesinas, las organizaciones autónomas que nacieron en los años 70 en los lugares más alejados del país, como respuesta a la falta de la presencia institucional del Estado, para impartir justicia en cada comunidad, y que en el caso de Cajamarca limitaron la entrada de grupos armados como Sendero Luminoso.

Si bien militó durante varios años en el partido Perú Posible, del ex-presidente Alejandro Toledo, Castillo se postuló por el partido Perú Libre, un partido político fundado en 2007 como movimiento regional, que se autodefine como «de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática (...) que no solo cuestiona el centralismo forjado por los partidos de derecha, sino también la indiferencia de algunos partidos de izquierda capitalina que, con su neutralidad ‘democrática’, permitieron la consolidación del neoliberalismo en nuestra patria». Dicen ser una «izquierda provinciana» contra la «izquierda caviar».

A pesar de la pandemia, Castillo realizó una campaña bastante tradicional, basada en discursos en plazas de distintos pueblos del país. El Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre apostó por una estrategia territorial para su candidato e hizo que este se desplazara por distintas regiones hasta llegar a Lima. Como sostiene el analista Gonzalo Banda, fue una «campaña de manual, como la campaña que un antiguo marxista peruano hubiera soñado: del campo a la ciudad». O desde el «Perú profundo» a la capital costeña.

A pesar de que varios periodistas y algunos analistas plantearon en varias ocasiones que la candidatura de Pedro Castillo le restó votos a la de Verónika Mendoza, la realidad es que los seguidores de los dos candidatos de izquierda presentan varias diferencias. La última encuesta de Ipsos, publicada en El Comercio el 4 de abril, muestra que Mendoza concentra votos en los niveles socioeconómicos A y E y en la zona oriental del país; por su parte, Castillo tiene no tiene prácticamente intención de voto en el nivel socioeconómico A, su voto se aglutina en los sectores D y E, y en las zonas del centro y sur del país. En el mismo sentido, un seguimiento a la intención de voto de Mendoza permite ver que desde enero se mantiene entre 7% y 8%. Es recién en la última encuesta donde el porcentaje crece hasta 10,2%, mientras que Castillo lograba crecer a su vez 3,5 puntos porcentuales. Y es que más allá de la apuesta por un modelo económico alternativo que ofrezca mayor justicia social, algunas de las propuestas ofrecidas por Castillo y Mendoza terminan siendo opuestas, lo que puede sugerir a electores con necesidades y prioridades diferentes. 

Parte esencial del discurso de Mendoza es la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, la despenalización del aborto y el enfoque de género. Además, por más que siempre remarcó la necesidad de «nuevas reglas de juego», ha insistido en el respeto de la institucionalidad, lo que le ha valido el reconocimiento de ser una alternativa de «izquierda democrática».

Por su parte, Castillo, en una entrevista con un programa periodístico de gran audiencia, después de su evidente subida en la última encuesta del 4 de abril, brindó declaraciones que lo perfilaron como una opción socialmente conservadora e incluso antiinstitucional. Aquella entrevista fue clave, ya que la teleaudiencia lo veía por fin como un candidato con posibilidades de ocupar el sillón presidencial. En ese espacio, el candidato, que hizo campaña con un lápiz gigante, manifestó ante todo el país su postura «profamilia» y su rechazo a causas como la despenalización  del aborto, el matrimonio igualitario y la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar.

«Hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestros, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarlos», sostuvo. Asimismo, indicó que, de lograr la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional sería desactivado «en el acto». «Hoy la gran corrupción es constitucional en el Perú. Todas las demandas del pueblo, de los jóvenes, de los agroexportadores, de los médicos, de los maestros se han ido al Tribunal Constitucional. O el Congreso ha aprobado normas por insistencia y, a pesar de que las aprueba por insistencia, se lo da al gobierno que dice que, como choca con su Constitución y la economía, pide una demanda de constitucionalidad»: estas palabras le valieron varios titulares el día siguiente. 

En ese encuentro, y en otros que se repetirían los días siguientes, entrevistado y entrevistador parecieron hablar distintos lenguajes. Los periodistas creían ponerlo en aprietos con sus cuestionamientos, mientras Castillo veía dos grandes oportunidades: primero, demostraba a sus seguidores y simpatizantes que no moderaría su discurso al llegar al gobierno y, segundo, conseguía hablarles a sectores que no se sentían representados con algunas de sus ofertas electorales. Esto último ha sido clave para obtener el apoyo popular. 

El candidato de Perú Libre ha sabido conectar con sectores con necesidades específicas. Cuando mencionaba su repudio al papel del Tribunal Constitucional, en realidad conectaba con la población que a lo largo de los años se ha sentido perjudicada por los fallos de esa institución. Por mencionar algunos: Castillo aludió a los miles de ronderos campesinos que en noviembre del año pasado se movilizaron en todas las regiones del país en rechazo a una sentencia que prohibía seguir administrando la justicia comunal en centros poblados y caseríos; a los maestros que vieron frustrada su lucha contra la Ley de Reforma Magisterial cuando el Tribunal Constitucional emitió un fallo que ratificó la constitucionalidad y legalidad de la norma; y a los  miles de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones: el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley, aprobada por el Congreso, que autoriza la devolución de aportes a los afiliados.

Por otro lado, el candidato de Perú Libre conectó con un electorado antisistema y conservador que Mendoza no supo cautivar por levantar esencialmente banderas progresistas. Un estudio de opinión realizado en abril de 2019 mostró que 67% de la población se declaraba en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, Castillo no ha desdeñado por completo esas propuestas, sino que se ha adueñado del concepto «voluntad popular», señalando que aquellos temas serían discutidos en la Asamblea Constituyente que impulsaría desde el Ejecutivo. 

De igual manera, parece que en esos temas Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, no están del todo alineados. En el programa de ese partido –elaborado por Cerrón– se muestra una posición más liberal: «Según las estadísticas mundiales, los países que han despenalizado el aborto lograron que el número de los mismos bajaran; permitió salvaguardar la vida materna al ser atendida institucionalmente; redujo prácticas ilícitas de personal médico, paramédico y no médico; disminuyó la mortalidad infantil; y evitó prácticas genocidas como la esterilización forzada en el Perú».

El viejo fujimorismo renovado

Otra sorpresa de las últimas elecciones es el pase a la segunda vuelta de Keiko Fujimori después de su impopular actuación en el Congreso disuelto, que la mayoría de la población calificó como obstruccionista. Esta es, sin embargo, una «victoria» para la candidata de Fuerza Popular que se solo explica centralmente por la hiperfragmentación de los votos. En las elecciones de 2016, Keiko Fujimori tuvo el apoyo de 39,86%, mientras que en estas su porcentaje se ha reducido, como señalamos, a 13,3%.

Un factor importante en la caída del fujimorismo ha sido la nueva oferta electoral que ha sabido cuajar con el electorado de derecha. Hasta 2016, el fujimorismo había albergado todos los matices de la extrema derecha. De esta manera, en su bancada hubo candidatos conservadores con una agenda «provida» y antiderechos LGBTI. Algunos de ellos, como el pastor Julio Rosas, cercano al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, terminaron alejándose de Fuerza Popular porque sentían que no existía un respaldo consistente de Keiko Fujimori a estos principios.

En estas elecciones, el sector más conservador vio en el candidato de Renovación Popular, el empresario de extrema derecha Rafael López Aliaga, un líder más genuino. Por otro lado, producto del descrédito del fujimorismo, una derecha con un discurso económico ultraliberal se agrupó en torno de la candidatura del candidato de Avanza País: el veterano Hernando De Soto. Estas tres candidaturas juntas suman 36,5% de los votos, porcentaje muy similar al alcanzado por Keiko Fujimori en 2016. El candidato Marco Arana, del Frente Amplio, los denominó «las nuevas cepas del fujimorismo».

Keiko Fujimori era consciente de que contaba con una maquinaria desgastada en esta campaña. Por lo tanto, decidió dar un giro. En las elecciones anteriores la candidata fujimorista se había esforzado por desmarcarse discursivamente del gobierno de su padre, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, en 1992 dio un autogolpe de Estado y actualmente cumple una condena de 25 años por delitos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales realizadas durante su mandato. Si en 2016 ensayó algunas críticas, para este proceso no solo reivindicó el decenio fujimorista, sino que también ha prometido que, de llegar al gobierno, indultará al ex-presidente.

Otro punto importante de su estrategia fue convertir un recurrente reclamo de la población en un eslogan y estrategia de campaña: la «mano dura» contra la delincuencia. De esta manera, Keiko Fujimori quería activar el recuerdo del gobierno de su padre, explotando la idea de que fue el presidente que venció a la subversión. «Así como derrotamos al terrorismo, derrotaremos a la delincuencia», ha repetido la candidata durante toda la campaña.

¿Le funcionó la estrategia? Es difícil de saber y se tendría que recurrir a la conocida paradoja del vaso medio lleno o medio vacío. En el medio lleno veremos que pasó la segunda vuelta y que, paradójicamente, está mucho más cerca que antes de ponerse la banda presidencial; en el medio vacío, tendríamos que apreciar la estrepitosa caída del respaldo del electorado. En todo caso, sí le alcanzó para detener su caída de popularidad e incluso para subir algunos puntos, que terminaron por ser suficientes. Hay que tener en cuenta, también, que el antifujimorismo bajó la guardia ante la creencia de que Fuerza Popular ya no iba a tener ninguna opción en estas elecciones. En Perú se dice que el principal partido político es el antifujimorismo, pero que en esta campaña estuvo ausente. Veremos qué ocurre en la segunda vuelta.

El camino al balotaje

Se dice que la segunda vuelta electoral es una elección completamente diferente: los postulantes suelen matizar su discurso para conquistar al electorado que no les dio su voto. En este caso, ambos candidatos presentan dificultades para hacer llegar su discurso por la contracampaña que inevitablemente tendrán por parte de diferentes sectores de la población. 

Keiko es una de las políticas con mayor rechazo del país. En enero, 71% de los consultados indicó que definitivamente no votaría por ella. En la actualidad, no son solo los recuerdos del gobierno de su padre los que generan el rechazo de gran parte de la población, sino también el comportamiento de su bancada cuando fue mayoría en el Congreso. 

«Sobre Ollanta Humala hay dudas; sobre Keiko Fujimori hay pruebas» fue la famosa frase de Steven Levitsky, politólogo de Harvard, en 2011, cuando Fujimori y Humala se enfrentaron en la segunda vuelta electoral. «Hay más pruebas en 2021 que en 2011» escribió en sus redes sociales un día después de esta última contienda. 

La estrategia que Keiko ha mostrado estos días ha sido la de acercarse a las fuerzas políticas que apuestan por el modelo económico vigente. «Aquí no está en juego una persona, un nombre, un apellido o un partido político. Lo que se va a elegir es un modelo de país. Hago una invocación a los que creen en un modelo de inversión privada y no quieren que el Perú se convierta en Cuba o en Venezuela» dijo después de que el conteo rápido la ubicara en la segunda vuelta. 

Por su parte, Castillo y los voceros de Perú Libre han sido enfáticos en que no plantearán una hoja de ruta hacia el centro como lo hizo Ollanta Humala en 2011 y en que la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política no es negociable. Sin embargo, han manifestado su apertura al diálogo con diferentes fuerzas políticas para «llegar a una concertación». No queda claro cuál será su estrategia en esta segunda etapa. Castillo tiene como adversario claro al gran sector empresarial, que ve un peligro en su postura desafiante frente a la ortodoxia económica y en sus propuestas antineoliberales, como la nacionalización del gas. Por otro lado, si bien sus propuestas convencieron a sectores específicos, no responden a los intereses de una gran parte de la población peruana que, en las marchas de noviembre, demostraron respetar la institucionalidad y se movilizaron ante lo que consideraron un golpe de Estado.

Mientras pasan los días, los ataques de algunos medios que lo vinculan a grupos subversivos han ido creciendo; hasta ahora, sin mucho eco entre la población. Parte de los ataques contra Castillo se basan en sus supuestos vínculos con sectores ex-senderistas en el sindicalismo del magisterio, sobre todo en la huelga de 2017. Su respuesta ha sido que «terrorista es el hambre y la miseria».

Lo que queda claro es que no se vienen años más calmados en la política peruana y que el próximo Congreso será hiperfragmentado y polarizado. Establecer alianzas será indispensable para no repetir la historia, esta vez como una farsa. Queda por ver quién logrará quitarse más de encima sus aspectos negativos y ampliar sus alianzas rumbo a la segunda vuelta del próximo 6 de junio.