La crisis en Brasil y Venezuela presenta no pocos problemas para las izquierdas y las fuerzas populares latinoamericanas. La coincidencia temporal de ambos sucesos obliga a buscar una vara común para evaluarlos, a riesgo de mostrar serias inconsistencias argumentativas –lo que, hay que decirlo, no desanima a algunos opinadores de las izquierdas «antiimperialistas» continentales–.

En el primer caso, asistimos, dicho en el portugués inventado de los hispanohablantes, al grotesco «mais grande do mundo», en el que una banda de congresistas corruptos, reaccionarios y oportunistas escenificaron un impeachment aprovechando la mayoría opositora en las Cámaras y el masivo rechazo contra la corrupción.

Se trató de una conspiración política de grandes dimensiones, montada por funcionarios como Eduardo Cunha –presidente del Congreso y apartado apenas de votó el juicio político impulsado por él–, acusados de numerosos actos de corrupción y diversos delitos. Paradójicamente, no suspendieron a Rousseff por corrupción sino en virtud de la acusación de maquillaje del déficit. «impeachment sem crime e golpe», denunció sin éxito el PT. Y el ya renunciado ministro Romero Jucá admite en una conversación filtrada que la suspensión de Dilma buscaba frenar las investigaciones judiciales que involucraban a parte de la elite parlamentaria.

Pero esta conspiración fue posible solo en virtud de un sistema político (proporcional de lista abierta) que destruye la incidencia de los partidos y fragmenta de tal forma el sistema parlamentario que impide la constitución de voluntades colectivas transformadoras. Así, Dilma, que fue elegida con el 42% cuenta solo con un 15% de los diputados (que en su enorme mayoría son hombres y blancos). Por su parte, la denominada «Bancada da bala» (ex policías y militares) junto a ruralistas y evangélicos conforman una derecha sobrerrepresentada gracias al sistema electoral. Como ha señalado el politólogo Germán Lodola, no se puede entender la política brasileña desde los modelos imperantes en otros países de la región: en Brasil, «los presidentes son siempre minoritarios y lo que hay que mantener es un gobierno de coalición». En ese contexto, grupos de poder como los ruralistas, mediante su bancada y su control de la Comisión de Agricultura, son capaces de frenar cualquier atisbo de reforma agraria, en tanto que los evangélicos constituyen un grupo transversal a los partidos.

Para explicar la caída de Dilma es mejor alejarse de los memes que muestran la foto de una Dilma guerrillera como blanco del «golpe»: el gobierno de Dilma no solo nombró a la agrosojera Kátia Abreu a la cabeza del ministerio de Agricultura o al neoliberal Joaquim Levy en Finanzas, sino que ya desde la era Lula el PT se volvió una fuerza crecientemente desmovilizada. Pero, a su turno, tampoco parecen suficientes los análisis politológicos más asépticos. Es cierto, como ya se señaló, que el problema central de Dilma es que se destruyó su coalición de gobierno con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una fuerza básicamente oportunista de la que proviene el vicepresidente Michel Temer, ahora a cargo del Ejecutivo. El nuevo gobierno, con aristas claramente conservadoras, ha construido su propia base de apoyo repartiendo ministerios entre todos los partidos opositores de centroderecha y derecha. Ahora bien, eso ocurre con el trasfondo de una masiva movilización de las fuerzas «anti-PT», que incluyen rechazos clasistas y antiplebeyos a los avances sociales –materiales y simbólicos– de la década larga de gobierno de centroizquierda. El PT no solo perdió en la arena institucional sino, de manera más preocupante, en la calle. Y todo ello ocurrió en el marco de una especie de Mani Pulite a la brasileña, que repitió problemas de la experiencia italiana y agregó aristas vernáculas tropicales. Hoy varios poderosos empresarios están tras las rejas, pero en el plano político quien pagó el costo más alto por el Lava Jato (megacorrupción en Petrobras) fue sin duda el PT.

En paralelo a esta crisis, asistimos al agravamiento de la situación en Venezuela. Allí, la oposición logró por primera vez, el 6 de diciembre pasado, derrotar al (pos)chavismo en las urnas y lo hizo con contundencia. El choque de poderes estaba cantado. Mientras el oficialismo controla el Poder Ejecutivo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene mayoría calificada en la Asamblea Nacional y, desde ese espacio institucional legítimo, busca la forma de destituir a Maduro en medio de una crisis con dimensiones de derrumbe societal posbélico. Durante la era Chávez, se había instalado una barrera entre la mayoría popular chavista y la oposición que hacía que no operara el tradicional voto castigo (cuando las cosas van mal se vota por la oposición realmente existente) ya que para esas mayorías, los opositores eran «contrarrevolucionarios» y sus líderes solo «niños ricos» con caras bonitas.

Pero la crisis volteó esas murallas y el voto contra el exchofer de Metrobús y heredero de Chávez empoderó a una oposición que combina rostros nuevos (como el del encarcelado Leopoldo López) con figuras de la vieja política como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, de la tradicional Acción Democrática (AD). Sintomáticamente, tanto López como Ramos Allup se definen como «socialdemócratas» y el segundo funge de vicepresidente de la Internacional Socialista (un organismo hoy atravesado por diversos cuestionamientos internos y pérdida de peso en el ámbito global). En un escenario de unidad formal y fuertes tensiones en su interior, Henrique Capriles trata de instalar su estrategia de apuesta principal a las urnas, con la certeza de que la polarización en las calles beneficiará a la postre a Maduro, aunque sin descuidar la presión callejera. Recientemente, Capriles declaró que se opone al impeachment a Dilma y que tanto en Brasil como en Venezuela, la salida a la crisis debe pasar por las elecciones (de hecho, eso es lo que propone el PT en una versión siglo XXI de las «Diretas já» de las postrimerías de la dictadura).

En este marco, la apuesta de la oposición venezolana es conseguir llegar a un revocatorio antes del 10 de enero de 2017: la ley señala que si Maduro es revocado antes de esa fecha se debe convocar a nuevas elecciones. Pero si se pasa el plazo de cuatro años del actual mandato (que se cuenta desde que Chávez asumió su último mandato, continuado por Maduro tras vencer por escaso margen en 2013), asumiría el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Por eso, la MUD presiona para que el órgano electoral verifique con rapidez las firmas que juntó para cumplir con el primer paso rumbo a la consulta. Y por eso también, el gobierno muestra muy poco apuro para llevar adelante esa tarea.

La vocación democrática de la oposición venezolana es discutible y allí está el frustrado golpe de 2002. Pero al mismo tiempo, el referéndum revocatorio es una figura constitucional –y no de la Constitución «moribunda» sobre la que juró Chávez a comienzos de 1999 sino de la Carta Magna bolivariana que «refundó» a Venezuela–. Para el chavismo, es problemático: si el referéndum se hiciera en 2016, sus bases deberían salir a hacer campaña por el presidente, en un contexto de decepción política que invade a las fuerzas bolivarianas y de la existencia de un «chavismo no madurista»; si ocurriera después podría servir para tratar de reorientar el proceso con Istúriz a la cabeza… ¿pero hay aún margen para ello? Muchas veces pareció que el chavismo estaba terminado, pero esa sobrevida continúa.

Con todo, los niveles de crisis (económica, de seguridad, de desorganización estatal, de corrupción) parecen llevar al país a un punto de no retorno, con riesgos de violencia política potenciados por la cantidad de armas que circulan por el país. Y en este escenario, la mera denuncia de elementos desestabilizadores con apoyo externo no puede explicar el estado de las cosas. Básicamente porque en gran parte de los actos especulativos (contrabando de gasolina a Colombia o enriquecimiento gracias a los tipos de cambio) son realizados por sectores del propio oficialismo, civiles y militares. Y los saqueos, la crisis eléctrica que casi paraliza al estado, la inseguridad galopante hacen que «socialismo» (en verdad una forma de neorrentismo socialista) vuelva a rimar no solo con colas y desabastecimiento, sino con una crisis sistémica de los cimientos del régimen bolivariano. Como lo señaló el exministro de Industrias Básicas y Minería de Chávez, Víctor Álvarez:

«En el año 2010 el presidente Chávez celebró la contracción de 5,8 % del PBI como «el velorio del capitalismo». En respuesta a quienes consideraron aquella caída como el «fracaso del gobierno», Chávez respondió afirmando que «la economía que está cayendo en Venezuela es la economía capitalista». Pero destruir la economía capitalista sin construir simultáneamente una eficiente economía socialista terminó siendo el atajo perfecto para hundir al país en este círculo vicioso de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que atormenta a toda la población. Una Revolución verdadera es un proceso de destrucción creativa: destruye lo viejo e inferior y lo suplanta por lo nuevo y superior. Pero la gente que hoy sufre los estragos de la escasez, especulación e inflación ha llegado a la conclusión de que «si esta calamidad es el socialismo, mejor me quedo con el capitalismo». Pasará mucho tiempo para que la gente sencilla del pueblo vuelva a creer en el socialismo como vía para lograr una sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social. Esto ya pasó en los países del llamado socialismo del siglo XX, pero la vanguardia chavista no aprendió esa lección.»

Asimismo, la tendencia de Maduro a gobernar mediante instrumentos de excepción (y discursos donde señala que «la Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca»), plantea un escenario autogolpista. Estas derivas, sumadas a expresiones propiamente gangsteriles en el interior del propio régimen, ponen en riesgo a toda la izquierda continental. Un golpe como el que significó la derrota sandinista en 1990 (movimiento atravesado por una fuerte decadencia moral pero que efectivamente sí enfrentó una brutal agresión imperial) es hoy perfectamente posible y no se lo enfrentará con éxito con cierres de filas discursivos o épicas sobreactuadas.

Hoy, la derecha latinoamericana denuncia a Venezuela y apoya la conspiración antidemocrática brasileña y la izquierda «antiimperialista» opera como espejo invertido. Se trata, sin duda, de un difícil escenario para las izquierdas continentales, en un clima de fin de ciclo cada vez más evidente. No se trata de buscar equilibrios ideales ni de ser «almas bellas» o radicales de salón, pero sí de pensar de manera honesta (aunque no menos radical) qué tipo de instituciones requiere el cambio social, pensar en serio la democracia (sin tirar al niño democrático con el agua sucia de la bañera liberal): a menudo, las formas de «democracia popular directa» se transformaron en instrumentos poco democráticos, con la Jamahiriya libia como la combinación más grotesca de despotismo personal bajo la pantalla del poder popular. Pero también, la crisis refiere a las formas de construcción política (es notable la escasa convocatoria del PT frente a la suspensión de Dilma o la desorientación del kirchnerismo tras su salida del gobierno) y la corrupción –sea para construir mayorías y comprar coaliciones (Brasil), así como en su versión más caótica (Venezuela)–.

Al final de cuentas, las perspectivas de radicalización de la democracia promueven eso (su radicalización), no la transformación de los procesos de cambio en formas de régimen que ahogan el debate interno, alinean militarmente a los militantes, premian más las lealtades oportunistas que la eficiencia y la honestidad intelectual en un simulacro «leninista» que no solo podría no ser deseable sino que básicamente no es eficaz frente a las «nuevas derechas» que se expanden en la región. Después, solo podremos contentarnos con la consoladora «épica de la derrota».