La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos¹ se propone establecer las prioridades de política exterior y defensa del país, detalla cómo este concibe su posición relativa en el sistema internacional y define qué instrumentos son necesarios para sostenerla. Un dato significativo de la versión de esta estrategia para 2025 es que asigna un rol fundamental al sector energético, que ocupa un lugar central en las economías de países como Venezuela e Irán, ambos blancos de ataques estadounidenses en 2026. Cuando la atención global apunta hoy casi exclusivamente a Oriente Medio, este artículo busca poner el foco en la acción militar seguida del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, el 3 de enero de este año. Es posible imaginar que este operativo haya buscado modificar el escenario internacional, así como garantizar el suministro energético seguro y asequible para el objetivo principal del presidente Donald Trump: impulsar el desarrollo industrial de eeuu. Sin embargo, la situación está rodeada de múltiples interrogantes, potenciados por la escalada bélica sobre Irán y sus amplificaciones en Oriente Medio.

Los costos de la hegemonía

Para comprender mejor estos acontecimientos, es recomendable comenzar por un análisis del documento antes mencionado. Este aborda la seguridad nacional en términos predominantemente materiales y económicos, al tiempo que actualiza las prioridades estratégicas de eeuu en el marco de una fuerte competencia geoeconómica internacional. En la visión America First, la hegemonía es costosa y su ejercicio debe ser administrado de manera cuidadosa, para lo cual establece una jerarquía de intereses, regiones e instrumentos, y propone una reorganización profunda del vínculo entre la seguridad nacional, la economía y el poder estadounidenses. En este sentido, la fortaleza productiva, la autonomía en sectores estratégicos, el control de las cadenas de suministro críticas y la capacidad de proyectar poder económico constituyen los pilares centrales de la seguridad del país. En consecuencia, dimensiones tales como la energía, la industria y la infraestructura ocupan un lugar fundamental dentro de esa estrategia.

Tal como propone Federico Merke, no se trata de un plan de acción operativo, sino de un ejercicio de definición conceptual². Desde su perspectiva, las sucesivas actualizaciones de la Estrategia de Seguridad Nacional, más que describir el mundo, lo delimitan: establecen qué situación y actor constituye una amenaza, qué intereses son vitales y qué regiones merecen prioridad. En ese trabajo semántico se vuelve visible la forma en que eeuu busca estructurar su relación con el sistema internacional. En este sentido, la Estrategia de 2025 establece que el único propósito de la política exterior es la protección de los intereses nacionales, por lo que los asuntos de terceros países solo serán relevantes en la medida en que sus acciones amenacen directamente a eeuu. Según esta lógica, la cooperación internacional y las alianzas son valoradas en función de su contribución concreta a los intereses estratégicos de Washington. El enfoque puede entenderse, entonces, como un intento explícito de reordenar la forma en que eeuu administra su hegemonía, conceptualizada no tanto como provisión de bienes públicos globales, sino como una posición de poder que debe ser gestionada de manera selectiva y funcional.

¿Y qué rol ocupa la energía en este encuadre? Sin duda, un papel central. Ya desde la primera página del documento se menciona que eeuu está liberando el potencial de su producción energética como medio para recuperar su independencia, junto con un grupo más amplio de acciones destinadas a reposicionar al país en el mundo. En este esquema, la disponibilidad de energía abundante, confiable y a precios competitivos constituye una condición necesaria para el crecimiento económico, la reindustrialización y la proyección del poderío del país.

Entonces, la Estrategia de Seguridad Nacional sitúa la política energética como un elemento central de esta etapa. En efecto, la energía no es considerada solo un insumo para el crecimiento económico interno, sino un componente clave de la seguridad y la proyección internacional del país. La expansión de la producción local, el dominio tecnológico en el sector, el acceso a energía segura y barata, y la capacidad exportadora se mencionan como los requisitos ineludibles para mejorar la competitividad, promover la (re)industrialización e impulsar la influencia global estadounidense.

Dominio energético para el desarrollo nacional

El documento de 33 páginas postula que debe perseguirse la energy dominance, es decir, el dominio energético en petróleo, gas natural, carbón y energía nuclear, junto con una desregulación orientada a acelerar las inversiones y aumentar la capacidad productiva nacional. Se asume que la fortaleza energética interna es una condición para sostener la competitividad industrial, reconstruir la clase media, reducir vulnerabilidades externas y garantizar la autonomía estratégica. La Estrategia vincula así la expansión de la producción energética a objetivos de política económica y social. La disponibilidad de energía abundante, accesible, barata y asequible es presentada como una condición necesaria para reindustrializar el país, impulsar la innovación y generar empleos de mayor calidad, lo que refuerza el nexo entre la política energética, la competitividad y la reconstrucción de la clase media. Al mismo tiempo, la Estrategia recorta deliberadamente el alcance del Objetivo de Desarrollo Sustentable (ods) No 7 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas –blanco recurrente de la extrema derecha estadounidense–: retiene la promesa de acceso universal a la energía, pero descarta el componente de descarbonización. En efecto, la Estrategia de Seguridad Nacional rechaza de forma explícita los objetivos relativos al cambio climático y la descarbonización (net zero), a los cuales atribuye efectos negativos para la economía estadounidense.

Por su parte, la exportación de energía es vista también como un instrumento central de política exterior, capaz de ampliar la influencia global de eeuu, fortalecer alianzas estratégicas y reducir la dependencia de terceros países respecto de proveedores a los que Washington considera adversarios. Así, la energía es presentada como un activo estratégico comparable a la tecnología, las cadenas de suministro y la capacidad industrial. Además, la política energética luce estrechamente vinculada a la competencia tecnológica. El desarrollo de la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura digital refuerza la centralidad de un flujo de energía continuo, confiable y abundante como soporte material de la primacía tecnológica. Sin embargo, el documento exhibe una contradicción importante: combina el objetivo de expandir de manera sostenida la producción energética doméstica con la necesidad de mantener bajos los precios de la energía –como condición para la competitividad y el crecimiento económico–. Así planteados, los objetivos de aumentar la producción energética y reducir el costo para la demanda de automovilistas, hogares e industrias podrían ser difíciles de alcanzar, dadas las características de los campos no convencionales de petróleo de esquisto (shale oil), dominantes en la producción de petróleo y gas de eeuu, donde se extrae mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking). La expansión de la frontera hidrocarburífera implicaría incorporar campos cuya explotación es más costosa para lograr una mayor producción. Por lo tanto, la necesidad de mantener precios atractivos para sostener la inversión (y mejorar el abastecimiento) podría chocar con el objetivo de contar con energía accesible, abundante y barata para impulsar la competitividad industrial. Al menos, ese parecía ser el panorama hasta la madrugada del 3 de enero.

Venezuela y la disputa por los flujos de petróleo

La Estrategia de Seguridad Nacional localiza y prioriza regiones: a nadie tomó por sorpresa que la primera región sea el «hemisferio occidental» –es decir, el continente americano–. Aquí se inserta el llamado «corolario Trump» a la histórica Doctrina Monroe (actualizada a principios del siglo pasado por el «corolario Roosevelt», y ahora aspiracionalmente rebautizada «Donroe»), que busca «restaurar la preeminencia estadounidense» y «proteger su territorio y su acceso a zonas geográficas claves en toda la región». A esos fines, se pone énfasis en una acción decisiva: «negar a competidores ajenos al hemisferio la posibilidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en América». El destinatario de esta frase se traduce sin dificultad al mandarín: se trata de alejar a China del «patio trasero».

En este marco se inscribe la reciente intervención militar en territorio venezolano para capturar al presidente Maduro y llevarlo a rendir cuentas ante la justicia de Nueva York por presuntos crímenes transnacionales (como el narcotráfico). En una clara redefinición de su rol en los asuntos globales, el gobierno de Trump omite toda referencia al orden internacional basado en reglas y al multilateralismo como forma de resolución de conflictos. En cambio, proyecta su jurisdicción penal doméstica como instrumento de acción exterior: los arrestos individuales reemplazan la diplomacia multilateral, y el derecho penal transnacional se convierte en vehículo de una hegemonía unilateral. El desplazamiento retórico –de la promoción de la democracia al cobro de facturas petroleras– no es menor. Marca una ruptura con la tradición intervencionista que, al menos formalmente, invocaba valores universales para justificar el uso de la fuerza. Lo que emerge en su lugar es una lógica abiertamente transaccional que no necesita la mediación de ningún principio más allá del interés económico directo. Se pone así el acento en la «reconstrucción de la industria petrolera» a efectos de lograr el «reembolso de los gastos» de la operación y fomentar que las compañías estadounidenses recuperen «el petróleo que les robaron» –en clara alusión a los juicios por expropiación que empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil iniciaron (y ganaron) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ciadi) del Banco Mundial por nacionalizaciones de la época de Hugo Chávez³–. En ese contexto de expropiaciones y sanciones, Chevron fue la única gran petrolera estadounidense que mantuvo operaciones en Venezuela y logró obtener, en 2025, una autorización del gobierno estadounidense para exportar crudo venezolano a ese país.

Llegados a este punto, es pertinente describir brevemente cuál es la situación energética de Venezuela. El análisis de la Administración de Información Energética de eeuu (eia, por sus siglas en inglés⁴) muestra algunos elementos interesantes:
-el país caribeño contiene la mayor reserva de petróleo del mundo, calculada en unos 303.000 millones de barriles de petróleo;
-la producción ha caído de más de 2,5 millones de barriles diarios (bpd) en 2015 hasta menos de un millón;
-lo que se extrae es mayormente petróleo crudo extrapesado, denso y agrio (con alto contenido de azufre), que requiere ser diluido (mezclado) con otros crudos livianos para transportarlo; a la vez, resulta adecuado para las refinerías de eeuu en el Golfo de México.

Las exportaciones de petróleo venezolano tenían hasta principios de año como principal destino China, lo que puede ser interpretado por Washington como una clara amenaza para los intereses de seguridad estadounidenses. En efecto, el gigante asiático fue el mayor comprador de crudo venezolano en 2023, al quedarse con 68% de sus exportaciones, seguido por eeuu (23%), España (4%) y Cuba (4%). Esta es una expresión visible de la cercanía entre la Venezuela de Maduro y Beijing.

En consecuencia, se puede concluir que los planes de eeuu tienen como objetivo principal alcanzar dos metas: por un lado, conseguir petróleo pesado barato cerca del país, a efectos de impulsar una disminución de precios de la energía; y, por otro, reducir la participación china en el sector energético venezolano (y, ahora, en el iraní y todo el golfo al norte del estrecho de Ormuz) e impulsar la búsqueda de estos recursos en nuevos mercados. Veremos qué sucede bajo el mando de la «presidenta encargada» Delcy Rodríguez, que ya tuvo guiños hacia eeuu, como la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos (redactada a medida de los intereses de las compañías estadounienses), y que recientemente recibió cálidamente al secretario del Interior estadounidense para restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

Sin embargo, no pareciera ser tan sencillo que la producción venezolana se pueda acoplar a las necesidades actuales de eeuu. Ello, por varias razones: la infraestructura energética de Venezuela se encuentra, en general, en mal estado, por lo que requiere de grandes inversiones de forma sostenida (algunos expertos señalan valores mayores a 10.000 millones de dólares anuales durante una década). Además, el crudo extrapesado requiere de una serie de procesos para mejorar su calidad –y de la importación de crudos livianos–, lo que impacta en el valor final y en las inversiones necesarias para poder exportarlo. Asimismo, resulta necesario volver a generar las capacidades técnicas que se han perdido en la industria petrolera venezolana: la estampida al exterior de cientos de profesionales resiente las chances de una recuperación inmediata, y lo mismo sucede con el deterioro de la infraestructura. Por último, la gran incertidumbre política mina la previsibilidad que demandan las empresas petroleras (por caso, el ceo de ExxonMobil declaró, luego de la reunión con Trump, que la Venezuela actual era «ininvertible»), lo que torna los desafíos comerciales y financieros una apuesta difícil de asumir en el corto plazo. No obstante, persiste la obstinación de Trump, quien pretende que esta incursión en Sudamérica (parte de «nuestro hemisferio», según posteó) –y lo que pueda obtener de ella– tenga impacto antes de las próximas elecciones de medio término.

Desafíos para la región: Cuba, México y Argentina

Si bien es difícil anticipar el desenlace de este nuevo capítulo de la Doctrina Monroe, sus implicancias exceden claramente la situación de Venezuela y afectan a la región en su conjunto. Según la mencionada Estrategia de Seguridad Nacional, América Latina vuelve a ser percibida no solo como zona de influencia geopolítica, sino también como reserva de recursos, plataforma logística y espacio de disputa con actores extrahemisféricos, en particular China.

En este escenario, la seguridad energética de Cuba (muy dependiente del crudo venezolano) se ha vuelto particularmente crítica. La isla depende del petróleo importado para sostener su sistema eléctrico, lo que la convierte en uno de los puntos más sensibles de la reconfiguración energética regional, y aunque ya atravesaba una crisis profunda en este sentido, la interrupción de los suministros provenientes de Venezuela y México agravó la situación hasta derivar en apagones generalizados y en una fuerte reducción en la actividad económica. Primero, se suspendieron los envíos venezolanos a la isla luego del secuestro de Maduro. Unos pocos días después, le siguió la suspensión de los envíos de petróleo desde México como resultado de las amenazas de Trump de imponer mayores aranceles a aquellos países que provean de petróleo a la isla. Este nuevo episodio de sanciones a La Habana (recordemos que Cuba sufre un embargo/bloqueo económico desde 1960), sumado al deterioro de la infraestructura energética, no hace sino profundizar una crisis que impacta directamente en la generación eléctrica, el transporte y el funcionamiento cotidiano de la economía.

México, por su parte, enfrenta una situación distinta pero igualmente reveladora de las presiones ejercidas por su vecino del Norte. Su economía se encuentra profundamente vinculada a la economía estadounidense y, al mismo tiempo, el país ha estado suministrando combustibles a Cuba en el último tiempo. Si bien el gobierno mexicano buscó mecanismos para mantener estos envíos sin exponerse a represalias comerciales por parte de eeuu, hasta el momento no lo ha logrado, una muestra más de la influencia que ejerce la nueva política de la Casa Blanca. Vale la pena recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó –en conferencia de prensa– que si bien México no podría suministrar petróleo a la Habana, buscaría la manera de seguir brindando apoyo a ese país.

El caso argentino enfrenta un contexto global particularmente exigente. Las proyecciones del mercado de gas natural licuado (gnl) anticipan una expansión significativa de la capacidad de licuefacción a partir de 2026, liderada por eeuu y Qatar. Esta nueva oferta llegará en un momento de crecimiento más gradual de la demanda, lo que podría intensificar la competencia entre proveedores y estrechar el margen para proyectos nuevos –los llamados greenfields, construidos desde cero– que aún no han asegurado contratos de largo plazo.

Este marco general pudo haber influido en la reciente decisión de Shell de retirarse del proyecto Argentina lng ii, impulsado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf) junto con la italiana Eni y la emiratí adnoc. Sin embargo, el panorama no es unívoco: Southern Energy y sefe, compañía propiedad del gobierno federal alemán, firmaron un acuerdo para la exportación de dos millones de toneladas anuales de gnl argentino durante ocho años a partir de fines de 2027. El desarrollo del proyecto de licuefacción refleja, por un lado, la ambición de posicionar a Argentina como un exportador mediano pero relevante de gnl a partir de los recursos del yacimiento de Vaca Muerta; y, por el otro, los enormes desafíos que enfrenta el país para cerrar contratos de largo plazo en un mercado global donde la competencia se ha intensificado notablemente.

En el segmento petrolero, la dinámica es levemente distinta. El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (vmos) consiguió financiamiento bajo modalidad project finance por 2.000 millones de dólares mediante un préstamo sindicado liderado por bancos internacionales (Citibank, Deutsche Bank, Itaú, jp Morgan y Santander) para cubrir 70% del costo. Sin embargo, el proyecto también está expuesto al escenario internacional caracterizado por mayor volatilidad, producto de la expansión de la oferta estadounidense y de la incertidumbre sobre la demanda global y las fluctuaciones del brent –a la baja hasta los ataques sobre Teherán y al alza desde entonces–. 

Observamos, pues, una fuerte competencia entre productores, creciente sensibilidad de los precios a decisiones de política y menor previsibilidad para los proyectos de largo plazo. Para países como Argentina, esto implica la necesidad de evaluar sus estrategias energéticas no solo desde una lógica de recursos disponibles, sino también en función de su inserción en un sistema energético internacional cada vez más condicionado por consideraciones geopolíticas. En ese sentido, la paradoja para Argentina es que el mismo conflicto que genera incertidumbre también sostiene precios del crudo por encima de los 45 dólares por barril, valores que, según el presidente de ypf, Horacio Marín, constituyen el umbral de rentabilidad de Vaca Muerta⁵. Un brent elevado podría acelerar los planes de inversión, pero la inestabilidad geopolítica que lo sostiene dificulta los compromisos de largo plazo que estos proyectos necesitan.

La operación militar de eeuu en territorio venezolano, cuya motivación central ha sido tomar posesión de la infraestructura petrolera (de la que la Casa Blanca espera sacar provecho productivo y económico), podría afectar también los planes exportadores argentinos. Sin embargo, si bien el mercado lo vio en su momento como una crisis regional, no sistémica, con impacto limitado en el corto plazo, el precio del petróleo ha variado significativamente como resultado de la crisis desatada a raíz del ataque de Israel y eeuu sobre Irán.

En este panorama (incierto, claro está), que el precio suba podría ayudar a acelerar los planes de inversión en Vaca Muerta. A pesar de que las acciones llevadas adelante en Venezuela no tuvieron un gran impacto en el nivel de los mercados globales, el conflicto en Irán sí lo está teniendo. Ello implica que en este momento es poco probable que el brent descienda –en línea con los objetivos políticos de Trump–, lo que quizás haría más complejas las inversiones. No obstante, la situación actual en Oriente Medio no parece apuntar a un conflicto breve, por lo que tampoco sería de esperar una caída fuerte en el precio del crudo. 

Reflexiones finales

La Estrategia de Seguridad redefine la hegemonía estadounidense bajo una lógica pragmática y transaccional, a la vez que integra de manera explícita la energía dentro del núcleo del poder. Al priorizar la expansión productiva y el dominio energético por sobre los compromisos ambientales y los marcos multilaterales, el documento reordena las jerarquías tradicionales de la política exterior estadounidense y consolida una concepción de la energía como activo estratégico central de la competencia geopolítica.

Este enfoque introduce tensiones tanto internas como externas. América Latina comienza a experimentar de manera directa los efectos de la nueva seguridad energética del Norte. La crisis de abastecimiento en Cuba, las tensiones entre México y Washington en torno del envío de combustibles a la isla y los desafíos que enfrenta Argentina para posicionarse como nuevo exportador de hidrocarburos reflejan distintas expresiones de una misma dinámica regional. De ese modo, la energía vuelve a ser un instrumento de poder hemisférico, capaz de condicionar economías y estrechar márgenes de autonomía.

En un escenario en el que eeuu prioriza el control de los flujos energéticos y la competencia geoeconómica con actores extrarregionales, la capacidad de los países latinoamericanos para transformar sus recursos en desarrollo dependerá cada vez más de su inserción estratégica en este nuevo tablero energético. En definitiva, los acontecimientos de los próximos meses podrán dar una pauta de la viabilidad de la estrategia trumpista de revincular la industria petrolera venezolana al mercado estadounidense. Sin estar exenta de desafíos, la invasión al país caribeño parece estar muy alineada con los objetivos de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, pero su resultado genera aún interrogantes: ¿qué implica esta acción para el orden interamericano?; ¿estamos ante un nuevo tipo de imperialismo energético que ya no necesita de la retórica democrática?; ¿qué margen tienen los países de la región para oponerse o negociar?