Tras el fracaso del alzamiento contra la democracia del general Juan José Zúñiga, comandante del Ejército boliviano, el 26 de junio pasado, un meme se hizo viral en las redes sociales en Bolivia. Mostraba a Statler y Tadeo, los criticones de los Muppets. El primero de ellos decía: «Este es el peor golpe de Estado que he visto en mi vida». No era la única expresión de este tipo. Otro meme ponía: «Los golpes de Estado ya no son lo que eran». 

Aunque simbolizada por la imagen de una tanqueta arremetiendo contra la puerta del Palacio Quemado de La Paz, la acción militar no se había correspondido con las ideas preconcebidas de la población. En cambio, se instalaba plenamente en la «hiperrealidad» de Jean Baudrillard: había sido televisada de principio a fin, con la presencia de los periodistas junto a los carros de asalto que un errático Zúñiga movilizó hacia la plaza Murillo, el epicentro del poder político boliviano. Requerido ansiosamente por los reporteros en plena acción, Zúñiga fue escalando el nivel de su discurso, que comenzó siendo de protesta por su destitución como comandante del Ejército dos días antes, y terminó exigiendo la liberación de los «presos políticos» civiles y militares que están en las cárceles acusados por el derrocamiento de Evo Morales en 2019. 

Como cualquier otro elemento de la hiperrealidad, el golpe adquirió un aire de simulacro: era algo que se hacía para copiar la memoria de otra cosa, en este caso, de las terribles jornadas golpistas que tuvieron que vivir los latinoamericanos en los años 70 y 80 del siglo pasado. Zúñiga habló de «reestructurar la democracia», igual que Luis García Meza, el último golpista exitoso de la historia boliviana, había ofrecido una «nueva democracia». Pero, a diferencia de este último, ni Zúñiga ni las Fuerzas Armadas se postulaban para realizar ellos mismos tal reestructuración. Según han revelado las investigaciones, el «general del pueblo», como se hacía llamar el ahora detenido ex-comandante del Ejército, tenía pensado convocar a elecciones en tres meses. «Los golpes ya no son lo que eran». En nuestro tiempo, incluso para cancelar la democracia se necesita hacerlo en sus propios términos, con una promesa electoral. 

El levantamiento parecía un simulacro porque los propios alzados sabían, mientras actuaban, que sus posibilidades de éxito eran nulas. Aun así, estaban obligados a representar, frente a los periodistas, el papel que se suponía debían cumplir. Así que bastó con que Arce los encarara con decisión, en una confrontación también videograbada, para que se desinflaran. Al mismo tiempo, que esto pudiera pasar alimentaría las sospechas posteriores sobre la veracidad de los sucesos. ¿Por qué los militares no arrestaron a Arce cuando este se presentó ante ellos junto con el vicepresidente David Choquehuanca y medio gabinete? ¿No se supone que en una situación crítica el servicio de seguridad debía haberse llevado al presidente lejos del peligro? ¿No fue todo un show (la tesis de la mayor parte de la oposición y del propio Evo Morales)? ¿No era Zúñiga amigo del presidente Arce, con quien había jugado básquet el domingo anterior al día de la asonada?

Algo así ya había ocurrido en la historia posmoderna. Salvando las diferencias en cuanto a la trascendencia de los acontecimientos, el 19 de agosto de 1991 Boris Yeltsin detuvo un golpe con un discurso pronunciado encima de un tanque. Pero en Bolivia nadie hizo esta comparación. Los sucesos sorprendieron a la clase política en su conjunto, la asustaron al principio, generando un unánime apoyo a la democracia, y luego la dejaron perpleja. El ex-presidente Carlos Mesa la calificó de «sainete». Comenzó a circular la versión del «autogolpe» incluso antes de que Zúñiga, seguramente consciente de lo que estaba ocurriendo y de lo que se vendría sobre él, señalara, mientras era arrestado, que la idea de «sacar a los blindados» había provenido del propio presidente Arce. Autor de un suceso de la hiperrealidad, ¿por qué no iba a usar las fake news, que son esenciales en la función suplantadora de la comunicación actual? 

Tal es el lenguaje de nuestro tiempo. Se lanzan las teorías de la conspiración y luego no hay forma de que la sospecha se disipe. No basta con preguntar: ¿y qué ganaba Zúñiga en el supuesto caso de que hubiera hecho todo por orden de Arce? Encerrado en una celda en la prisión de El Abra, en Cochabamba, hoy el general caído enfrenta una posible condena de 20 años por terrorismo y alzamiento armado. Muchos piensan, entonces, que «lo harán escapar». También podríamos preguntarnos, en caso de haber sido un golpe montado, por qué Arce no utilizó la asonada para ir contra sus adversarios dentro y fuera del Movimiento al Socialismo (mas ) o incluso contra el Parlamento, como suele ocurrir con los autogolpes.

El golpe del «general del pueblo» 

Tras ser designado como comandante del Ejército por razones políticas, ya que el puesto no le correspondía por méritos castrenses, Zúñiga siguió coqueteando con la política, incluso más de lo que el oficialismo podía considerar aceptable. Ahora se cree que sufría problemas mentales. El general, que se hacía pintar retratos épicos, se rodeó de personajes extraños –un civil chovinista obsesionado con amenazas a la seguridad de Bolivia; un militar retirado que hervía de odio contra el mas– que lo alentaron a creerse parte de esa especie latinoamericana que se suponía en extinción: el «salvador de la patria». 

Rodeado de esta no muy temible corte, recibió mal las acusaciones que Morales pronunció en su contra el mismo domingo 23 de junio, cuando jugó canastas con el presidente Arce. Morales aseguró en su radio, Kausachun Coca, que Zúñiga estaba a cargo de un plan para eliminarlo físicamente. Seguro de que su proximidad con el poder político lo hacía inmune, el general fue a la televisión el lunes 24 de junio a amenazar al ex-mandatario: «[Evo Morales] No volverá a ser más presidente», le advirtió y amenazó con encarcelarlo si lo intentaba en 2025. La performance le costó el puesto. Finalmente, Arce se cansó de él. Pero al destituirlo el martes 25 de junio cometió un error muy grave (por otra parte, típico de este presidente, que hasta ahora no ha cambiado a su ministro de Defensa, pese a todo lo que ha pasado): no sustituyó a Zúñiga de inmediato, lo dejó como comandante del Ejército 36 horas a la espera de un reemplazo. 

En este tiempo, las ilusiones de las reuniones de «expertos» que Zúñiga solía organizar en el Estado Mayor, en las que al parecer se hablaba libremente en contra del presidente, de pronto adquirieron cuerpo. Zúñiga, quien según algunos se enriqueció gracias al papel de los militares en la «lucha» contra el contrabando, decidió que no se iría. Declaró esto a la prensa. Dio órdenes a una serie de oficiales que le debían obediencia porque dependían directamente de él. (Ahora algunos lo están procesando de forma privada, porque supuestamente los amenazó, y tratan así de salvarse de la persecución judicial oficial). También convocó a sus colegas, los comandantes de las otras fuerzas, que se presentaron a las tres de la tarde del miércoles 26 de junio en la plaza Murillo, en traje de combate pero sin tropas. A esa hora, el presidente Arce se encontraba en la Casa Grande del Pueblo reunido con su gabinete. La movilización de carros de combate a la plaza Murillo la dirigió Zúñiga en persona. Todo quedó listo, pero ¿listo para qué?

Una primera hipótesis fue que Zúñiga y sus amigos habían actuado como una suerte de «movimiento social», una protesta pasada de rosca contra su destitución del comando. Luego, al calor de los acontecimientos y quizá porque sufrió un brote psicótico, el jefe de la protesta la convirtió en un intento de golpe. Así parecen señalarlo varios hechos: el movimiento solo involucró a unas pocas unidades militares, todas pertenecientes a la fuerza que comandaba el autor del «pronunciamiento»; el resto de las Fuerzas Armadas no participó. Aunque los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada se encararon con Arce en la puerta del Palacio Quemado, parece que los dos últimos lo hicieron más por solidaridad con su colega destituido que porque estuvieran al tanto de sus intenciones. El vicealmirante Juan Arnés no movió las tropas a su cargo. Ahora se encuentra en prisión por espetar, en el encuentro con Arce, que no lo obedecería. El jefe de la Fuerza Aérea tampoco aportó tropas. Y en este caso, sí aceptó la orden del presidente de retirarse de la plaza. Pese a ello, también fue apresado días después.

Contra esta hipótesis pesa un hecho importante: Zúñiga trasladó carros blindados a La Paz el domingo 23 de junio, con el pretexto de que participarían en la celebración del aniversario de la Policía al día siguiente. Pero en ese momento, el general todavía no había sido destituido. ¿Por qué entonces hizo esta maniobra? 

A partir de este hecho y de los datos recién adquiridos sobre las curiosas actividades del Comando del Ejército bajo el mando de Zúñiga, el gobierno plantea otra hipótesis: hubo un plan golpista en toda regla, preparado con antelación y, según Arce, incluso relacionado con «intereses extranjeros en los recursos naturales» bolivianos. Esta interpretación le permite al oficialismo presentar al presidente no como Yeltsin, sino como Salvador Allende, el mandatario chileno que ofrendó su vida en la resistencia del golpe de Augusto Pinochet, en septiembre de 1973¹. En la hiperrealidad –se sabe– cada imagen hace referencia a otras más. 

La prédica sobre el valor personal de Arce cumple un rol político preciso: contrastar su actuación el 26 de junio con la de Evo Morales en 2019, cuando este renunció y se marchó del país. En este duelo de virilidades, que ha provocado una virulenta guerra interna en el mas, el supuesto afectado también ha tenido algo que decir: «No sé qué clase de golpe será, pues. Empieza el golpe con ministros felices, paseando en la plaza Murillo, tocando tanquetas. Un golpe de Estado con cero de heridos, cero de disparos, cero de muertos», se burló el 28 de junio, dos días después del «tanquetazo»².

En el polo opuesto están los opositores de centroderecha y su hipótesis de «show», «sainete» y «autogolpe». Volvió a circular la frase «no fue golpe, fue fraude», que una parte de la población había usado en 2021 para oponerse a la persecución del gobierno contra los supuestos responsables del derrocamiento de Morales en 2019. Entonces Bolivia se había polarizado entre quienes creían que la caída de Morales había sido producto de un golpe militar y quienes pensaban que había sido una revuelta popular contra un supuesto fraude en las elecciones de ese año. Esta vez, el propio Morales se sumó a la idea de «fraude»: «El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada», posteó el 30 de junio en la red x. Arce le respondió directamente a su ex-compañero en la misma plataforma: «Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un golpe militar fallido en Bolivia. ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido!»³. 

Los dos bandos y líderes del mas han merecido la crítica del antiguo vicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, quien declaró a la bbc que cree que el choque de interpretaciones sobre el 26 de junio se debe a que 

cada cual está viendo cómo sacar el rédito en su batalla contra el otro. Luis Arce pelea por impedir que Evo Morales sea candidato. Evo Morales busca debilitar a Luis Arce para lograr habilitar su candidatura. Lo malo es que en esta pelea intestina, muy egoísta, muy mezquina, están jugando con monstruos. De un lado y del otro, están jugando con los militares y eso es muy peligroso. No se puede banalizar la presencia militar en la política… Más aún en Bolivia, que tiene un historial récord en el mundo de golpes de Estado⁴.

Morales interpretó estas palabras como una ofensa y le preguntó a su ex-colaborador en x si «está de acuerdo con la proscripción del mas-ipsp [Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos] y con impedir mi participación democrática»⁵. 

Tras el posteo de Morales, y supuestamente basándose en él, la cuenta oficial del presidente argentino Javier Milei emitió un comunicado sobre Bolivia donde «repudia la falsa denuncia de golpe de Estado» y reclama por la existencia de «presos políticos». Milei siguió así con su «guerra cultural», que lo lleva a aprovechar cualquier resquicio para atacar a la izquierda. En este caso, logró su objetivo. Su mensaje fortificó las críticas internas contra Arce, que no se atrevió a romper relaciones diplomáticas con un país vecino. La ex-presidenta Jeanine Áñez, que se encuentra en prisión, felicitó y agradeció al presidente argentino. En cambio, Morales lo repudió, porque «los asuntos bolivianos los resuelven los bolivianos». 

La oposición también celebró la decisión del Departamento de Estado estadounidense de esperar una «investigación independiente» que aclarara el episodio, aunque mostrando su preocupación por la «fragilidad democrática» de algunos países. De manera separada de esta solicitud, el presidente del Senado, el joven evista Andrónico Rodríguez, ha creado una comisión para investigar los hechos, no para encontrar culpables, sino para saber la «verdad histórica» de lo ocurrido. Algo que, sin embargo, probablemente no se sepa nunca, o mejor dicho, que quizá nunca sea aceptado por todos los actores de la polarizada política boliviana.

Relaciones peligrosas

En cinco años, el mando militar boliviano se ha insubordinado dos veces ante presidentes del mas, ahora por instigación de Zúñiga y en 2019, cuando los comandantes pidieron la renuncia del entonces presidente Evo Morales. «La explicación estructural es que los militares son conservadores y rechazan cualquier modificación del orden liberal, en especial la inclusión indígena», cree Reymi Ferreira, ex-ministro de Defensa de Morales y profesor universitario. «Los textos militares, su formación, su convicción, los hacen verse como agentes conservadores del orden existente», añade⁶. 

Para Ferreira, no es extraño que en estas dos rebeliones «quienes actuaron, Williams Kalimán, en 2019, y Juan José Zúñiga, ahora, fueron militares amigos del gobierno; ellos adoptaron una retórica radical, que les servía políticamente, pero en el momento del conflicto volvieron a lo que realmente pensaban». 

Los gobiernos de Morales (2006-2019) tomaron varias medidas, mayormente simbólicas, para cambiar la mentalidad militar, pero su efecto fue efímero o contraproducente. En 2009, las Fuerzas Armadas adoptaron la wiphala, la bandera indígena, y la incorporaron a sus uniformes. En 2010, cambiaron su tradicional lema de «Subordinación y constancia. ¡Viva Bolivia!» por el castrista «Patria o muerte. ¡Venceremos!». En 2016, por los acuerdos del gobierno con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), crearon una escuela «antiimperialista» que todos los militares del país debían cursar obligatoriamente para ascender al grado de capitán⁷. Morales se consideraba el «primer presidente soldado raso», se reunía todos los lunes con el mando militar y subió el presupuesto para el sector de 114 millones de dólares en 2001 a 483 millones en 2018. Fue el único del periodo democrático que pudo comprar cantidades importantes de armamento y equipo para las Fuerzas Armadas. 

Al mismo tiempo, se ganó rechazos castrenses al mandar a retiro a los comandantes «neoliberales» y al hacer procesar a los jefes que en 2005 entregaron a Estados Unidos 28 misiles que Bolivia había recibido de China. También logró encarcelar a los oficiales que condujeron la represión de octubre de 2003 en El Alto, en la que murieron 67 manifestantes. Arce, por su parte, procedió a la detención y procesamiento de gran parte de la jerarquía militar que había trabajado con su predecesora, Jeanine Áñez, acusada de las masacres de Sacaba y Senkata, en las que murieron 31 personas. Recordemos que Zúñiga fijó la liberación de estos militares y de políticos civiles como el objetivo de su acción, paradójicamente, mientras la propia Áñez y Luis Fernando Camacho, el ex-gobernador de Santa Cruz, también preso, rechazaban la asonada. La reciente detención de 23 militares acusados de participar en el intento de golpe del 26 de junio, entre ellos seis comandantes, tres de fuerza y tres de regimiento, se suma ahora a la lista de decisiones políticas que los militares consideran agravios. Por eso el gobierno de Arce, al aplicar la ley, está generando rechazo en las Fuerzas Armadas. Agrava la ofensa el que los oficiales arrestados sean presentados a la prensa por la Policía, institución con la que los militares tienen una rivalidad histórica que en 2003 llegó al enfrentamiento armado, y con chalecos con la humillante leyenda «Aprehendido». Esto puede debilitar aún más al gobierno ante la posible conflictividad que emerja de la crisis económica y de la pugna por la inhabilitación de Morales en las próximas elecciones y por el destino de la sigla del mas, en el marco de una guerra política –y judicial– entre evistas y arcistas.

En suma, puede decirse que, durante los gobiernos izquierdistas, las Fuerzas Armadas bolivianas sufrieron varias purgas, lo que causó malestar interno, y que se fueron desinstitucionalizando. Pero también resultaron favorecidas: a la mencionada compra de armamento y otros beneficios económicos se suma un papel en la política social (reparto de los pagos, en efectivo, del Bono Juancito Pinto⁸) y un papel simbólico, por ejemplo, durante la nacionalización del gas, que le permitió mejorar su imagen tras las sangrientas represiones de 2003. Morales suele jactarse de tener aún vínculos con militares «patriotas» que le advierten sobre las operaciones en su contra.

Si bien los militares no pretenden cerrar el ciclo democrático, por lo menos no por ahora, sus comandantes aprovechan los momentos de debilidad de los gobiernos del mas para tratar de sustituirlos por otros partidos civiles o para obtener alguna ventaja política. En el caso de Morales, este momento fue la inestabilidad que causaron las protestas contra un supuesto fraude electoral. En el caso de Arce, la crisis económica que sufre el país. «Si el presidente es fuerte, no hay sublevación», subraya Ferreira.

El telón de fondo

Paradójicamente, en mayo de este año Arce había pedido a las Fuerzas Armadas que lo defendieran frente a «los planes siniestros que procuran un golpe blando o acortamiento de mandato»⁹. Hizo esta declaración ante el regimiento Colorados, que sirve como escolta presidencial.

El presidente pedía protección de las personas equivocadas porque se hallaba asediado por varias amenazas de conflictos sociales, que se originaban en las crecientes dificultades de la economía nacional y en su batalla contra los seguidores de Morales.

Hasta ahora, Arce defiende que los problemas económicos no son tan graves y que están siendo usados para desprestigiarlo y, en última instancia, derribarlo. «Como varios países, tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar, pero no estamos en una crisis económica estructural como pretende posicionar la oposición para generar crisis política y acortar nuestro mandato», ha señalado¹⁰. Simultáneamente, los aliados sociales del gobierno han asegurado que no van a permitir «que la derecha tradicional y la nueva derecha [como llaman al evismo¹¹] instalen el discurso de crisis en nuestro país»¹². 

Sin embargo, la crisis es real y se siente cada vez más. Las reservas de dólares del Banco Central de Bolivia (bcb) disminuyeron a niveles mínimos en febrero de 2023 (siendo ministro, Arce había logrado niveles de reservas récord en los buenos tiempos de Morales). Desde entonces, los depósitos en dólares sufren un «semicorralito». Hasta hace poco, los dueños de las cuentas solo podían sacar 200 dólares por día; ahora la cifra se ha reducido a 100. También existen topes para los retiros mensuales y para el uso de tarjetas de crédito y débito en el extranjero. 

En el mercado paralelo se pueden comprar cantidades pequeñas de dólares a un precio mayor que el tipo de cambio oficial. La brecha era de aproximadamente 20%. Después del 26 de junio, subió a 30%. Los importadores que necesitan grandes sumas deben recurrir a los bancos, que solo están autorizados a cobrarles una comisión de 10%. La diferencia entre ambos porcentajes ha bloqueado la provisión de dólares por parte de los bancos y ha generado roces entre estos y el gobierno. Este ha multado a varias instituciones financieras por cobrar comisiones superiores al máximo permitido. También ha acusado a la banca en general de quedarse con los dólares y no entregarlos al público. La asociación de bancos ha recordado que el bcb les debe 2.500 millones de dólares, suma que, si les fuera entregada, les permitiría atender la demanda actual. 

El bcb no cuenta con tal cantidad. A principios de mayo informó que poseía 139 millones de dólares en efectivo. La única fuente de divisas del país, entonces, son los exportadores, que, aprovechando su posición, subastan los dólares que tienen a precios superiores al oficial. Además, según las autoridades, una quincena de grandes exportadores se resiste a traer todo el dinero que factura al país. Pese a esta constatación, no los sancionarán ni adoptarán ninguna medida de control de cambios que haga obligatoria la repatriación de los ingresos por exportaciones. El arcismo quiere aguantar en un ambiente lo más normal posible hasta las elecciones de agosto de 2025. Ahora veremos qué pasa, porque la asonada militar perjudicó esta estrategia.

Como llueve sobre mojado, el encarecimiento de las importaciones por la falta de dólares y el aumento del costo de vida de Argentina, después de la llegada de Milei a la Presidencia, han causado que Bolivia «importe inflación», según la expresión del ministro de Economía, Marcelo Montenegro. El alza de los precios todavía es leve, pero, luego de 20 años de estabilidad, produce efectos políticos. Para comenzar, la popularidad de Arce ha estado cayendo agudamente en las encuestas. Según la encuestadora internacional Gallup, en mayo tenía una aprobación de 18%, uno de los resultados más bajos de la región. Pero, en beneficio del gobierno, el apoyo a los líderes de la oposición es aún más bajo.

Los problemas se extienden a otros sectores de la economía: en 2023, el déficit comercial fue de 500 millones de dólares. La tendencia deficitaria continúa este año, lo que está secando aún más el mercado de dólares. Esta se debe principalmente a la necesidad de importar 80% de los combustibles que se consumen en el país, a causa de la debacle de la industria de hidrocarburos nacional. El año pasado, Bolivia vendió gas por 2.300 millones de dólares e importó gasolina y diésel por 3.000 millones. Una parte de estas importaciones volvió a salir por vía del contrabando, ya que el precio interno de los combustibles está subsidiado y es mucho menor que en los países vecinos. Para evitar esta sangría, existe un programa de control de la comercialización que ha sido sofocante para los sectores que requieren grandes cantidades de estos líquidos: la agroindustria y el transporte. Además, de manera intermitente se producen pánicos entre los propietarios de vehículos que causan grandes filas y sobreconsumo. 

La incertidumbre causada por la asonada militar ha complicado aún más todos estos problemas. 

La batalla de los poderes

Pero hay otras fuentes de inestabilidad. Bolivia es el único país latinoamericano que forma sus altas cortes judiciales por medio del voto popular. Hasta ahora ha habido dos elecciones, en 2011 y 2017. En ambas ocasiones, una fuerte mayoría parlamentaria oficialista viabilizó las convocatorias electorales, pese a la resistencia y crítica de diversos grupos políticos. Esto cambió en 2023 por la división del mas. Con el desplazamiento de la facción del ex-presidente Morales a la oposición, Arce perdió el control del Parlamento y las elecciones judiciales se convirtieron en una oportunidad para que sus rivales postularan jueces cercanos a ellos al Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Judicatura. 

En ese momento, el oficialismo político y judicial comenzó una batalla legal con gran número de demandas en contra de las cámaras y de las comisiones parlamentarias para obstaculizar el transcurso del proceso de selección de candidatos y de convocatoria a la población a las urnas. Estas demandas continúan hasta ahora. En 2023, el hostigamiento judicial y las peleas parlamentarias impidieron las elecciones y sobrevino una prórroga, decidida por ellos mismos, de los magistrados de los altos tribunales del país. Estos debían haber sido sustituidos a fin del año pasado, pero se quedaron en sus puestos por orden del tcp. Por eso la oposición los llama «autoprorrogados». Según Eduardo Rodríguez Veltzé, ex-presidente de Bolivia y de la entonces Corte Suprema de Justicia, con los fallos contra las elecciones judiciales y con el de prórroga de sus propios miembros el tcp «incumplió la norma ética y legal de no pronunciarse sobre temas que le signifiquen un conflicto de intereses»¹³.

Si Arce deja autoprorrogarse a los magistrados es porque estos le sirven para embridar la enorme mayoría opositora que se le enfrenta en el Parlamento. Otro mecanismo al que el oficialismo ha recurrido han sido las maniobras del presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, que ha evitado hasta donde ha podido que la mayoría sesione y apruebe leyes que podrían poner al gobierno contra la pared. Esto estuvo por ocurrir el 6 de junio, cuando un plenario convocado por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aprovechando que Choquehuanca se había alejado para actuar como presidente interino del país, aprobó una ley que suspendía a los «magistrados autoprorrogados». En este pleno participaron 106 de los 130 parlamentarios que conforman la Asamblea. Pese a esta enorme mayoría, la reunión fue considerada ilegal por el tcp por no haber sido convocada por Choquehuanca.

Para evitar la sesión, los oficialistas además cortaron la luz, ordenaron la fumigación del hemiciclo ese mismo día, deshabilitaron los pases electrónicos de los parlamentarios opositores y amenazaron a Rodríguez con hacerlo detener. Al final, la sesión se realizó de todas maneras con reflectores a batería y megáfonos para poder escuchar a los oradores. La ley que aprobaron no prosperó, pero el asunto sirvió para que se destacara la figura de Andrónico Rodríguez, de 35 años, que muchos ven como la posibilidad de renovación del mas cuando los dos líderes en guerra fratricida, Evo Morales y Luis Arce, terminen enterrándose mutuamente. Rodríguez organizó el ampliamente mayoritario frente opositor entre los parlamentarios que siguen a Morales y los miembros de los partidos de centroderecha. El arcismo denunció esta «alianza espuria» entre antiguos rivales. La suspensión de los magistrados es una reivindicación de toda la oposición. Tal como esta la plantea, ilegalizaría todos los actos de los jueces desde el 1 de enero hasta ahora. Según el gobierno, la anulación de las decenas de sentencias que ya se han aprobado durante el tiempo de prórroga podría sumergir al país en el caos, y esto les serviría a sus rivales para justificar un adelantamiento de las elecciones. La oposición, por su parte, acusa a los oficialistas de haber sustituido al Parlamento por el Poder Judicial y de haber bloqueado las elecciones judiciales para no perder su poder de lawfare. 

La permanencia de los magistrados actuales hasta que se encuentre finalmente la forma de convocar a las elecciones judiciales, lo que es poco probable que ocurra en esta gestión, tiene implicaciones políticas muy importantes. Sin una pronta renovación del tcp, es imposible que se revea a tiempo la sentencia 1010/23 que inhabilitó a Evo Morales para participar en las elecciones de 2025. Él asegura que sí será candidato, pues la Constitución solo prohíbe expresamente más de dos reelecciones continuas y en Bolivia, como en la mayor parte de América Latina, siempre se ha permitido un número indefinido de reelecciones no sucesivas. 

Por otra parte, la permanencia de los magistrados también impide que se reconsidere la situación penal del ex-gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, líder de uno de los grupos parlamentarios, que está detenido desde fines de 2022 por su participación en el derrocamiento de Morales en 2019. O el proceso en la justicia ordinaria de la ex-presidenta Áñez, como el oficialismo pretende hacer. Dada toda esta complejidad, es improbable que la Asamblea Legislativa pueda volver a funcionar normalmente en lo que le resta de gestión a Arce. Con ello, el país seguirá en crisis política y Arce no recibirá el apoyo de la Asamblea en áreas como la aprobación de créditos externos y de otras leyes necesarias para enfrentar la crisis económica.

La reconciliación imposible

A la luz de esta situación, las izquierdas latinoamericanas y europeas han estado preocupadas por encontrar un camino de acercamiento entre Morales y Arce, pero al final se han resignado a que esto es imposible.

Meses atrás, el gobierno cubano invitó a La Habana a los dos protagonistas de la pelea e intentó reconciliarlos, pero no logró nada, pese al importante lugar simbólico que el castrismo ocupa en la ideología del mas. El 12 de marzo fue el turno del Grupo de Puebla, creado en 2019 para promover el diálogo progresista de América Latina y la Europa meridional. Los ex-presidentes Alberto Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y otras personalidades llegaron a Santa Cruz de la Sierra para un coloquio sobre arquitectura financiera global y para persuadir a sus colegas bolivianos, con quienes se reunieron por separado, a que busquen un método de resolución pacífica y unitaria de la disputa que libran por la dirección del partido y la candidatura a las elecciones de 2025. Mientras las reuniones se producían, voceros de ambos sectores descartaban cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo. 

Tras la partida de los ex-presidentes, quedó la sensación de que nada cambiaría, pero el 31 de marzo Morales posteó en la red social x un mensaje sorpresivo, que se alineaba con el esfuerzo que había realizado el Grupo de Puebla: «Proponemos, todo por la unidad, que nos sometamos a elecciones internas primarias para que nuestros militantes definan quién será nuestro candidato para las elecciones 2025. Con los resultados apoyaremos en la campaña a quien sea elegido, manteniendo la unidad de nuestro mas-ipsp»¹⁴. Era la primera vez que el ex-presidente aceptaba la participación de Arce en una competencia interna y que admitía la posibilidad de perder. 

La propuesta no tardó mucho en ser rechazada. Los oficialistas le recordaron a Morales que está inhabilitado para participar en elecciones y, por tanto, también en primarias. Este pudo argumentar, entonces, que aunque él había hecho un intento, los divisionistas eran los otros. 

Arce y Morales avanzan sin frenar hacia un choque definitivo en torno de la «propiedad» del mas, que se disputará este año en los tribunales, y de la inhabilitación electoral del ex-presidente. Este ha advertido que, en caso de consumarse, esta traerá «convulsión social» al país. Aunque ha perdido el control de las principales organizaciones sociales, que han preferido continuar gobernando junto a Arce, Morales todavía conserva a sus incondicionales federaciones cocaleras, que en el pasado han sido capaces de paralizar al país con cortes de ruta y otras formas de protesta. 

Al día siguiente del intento de golpe de Zúñiga, el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla se reunieron en Tegucigalpa. Uno de los puntos que trataron fueron las interpretaciones encontradas del mas sobre lo ocurrido en Bolivia el día anterior. Al final, resignadas por la enrevesada situación boliviana, le dieron un golpecito en la espalda a cada uno de los grupos contendientes: la resolución aprobada por el Foro condenó el intento de golpe de Estado contra Arce y, sobre todo, repudió «los intentos de proscribir al mas-ipsp e inhabilitar al hermano y ex-presidente Evo Morales». 

Lejos de actuar como advertencia y llevar al apaciguamiento, el inesperado planteo militar se inserta en la lucha de largo aliento entre el presidente y su ex-ministro, que ha sumergido al mas en una guerra interna como nunca conoció desde sus orígenes en los años 90.