La grave crisis económica en Sri Lanka, la suspensión del pago de la deuda soberana y el levantamiento popular de 2022 –que incluyó la invasión al Palacio presidencial– han atraído la atención de todo el mundo. Sri Lanka es una suerte de «canario en la mina de carbón», es decir, una advertencia del futuro probable de otros países del Sur. En esta entrevista, Balasingham Skanthakumar, miembro de la Asociación de Científicos Sociales de Sri Lanka y de la red del sur de Asia del Comité para la Anulación de las Deudas Ilegítimas (cadtm¹) analiza la crisis y las dinámicas de la movilización popular.

¿Cuál fue la causa del levantamiento popular en Sri Lanka en 2022?

Sri Lanka se quedó sin divisas en el primer trimestre de 2022. Agotó sus reservas, ya mermadas por la defensa del valor de la rupia de Sri Lanka, después de garantizar el pago de 500 millones de dólares por un préstamo que expiró en enero. La promesa de nuevos ingresos para renovar las reservas, anunciada con firmeza por el gobernador del Banco Central en nombre del gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa, no se ha materializado.

Durante décadas, la balanza de pagos del país ha sido crónicamente deficitaria, con un gasto por importaciones que supera los ingresos de exportación en una proporción de dos a uno. Este déficit se financió mediante préstamos extranjeros (inicialmente, préstamos bilaterales y multilaterales, pero cada vez más en el mercado monetario internacional a partir de 2007, bajo la presidencia de Mahinda Rajapaksa). De hecho, las llamadas reservas de divisas consistían casi en su totalidad en préstamos extranjeros y no en ingresos internos. Para mantener la moneda nacional (lkr) a un valor artificialmente alto durante casi un año, el Banco Central recurrió a sus reservas en dólares. Una vez agotadas las reservas, la rupia se derrumbó en marzo de 2022. Perdió 44% de su valor frente al dólar estadounidense y alrededor de 40% frente a otras monedas convertibles solo entre enero y mayo del mismo año. Actualmente, el dólar estadounidense cotiza a 361 lkr, en comparación con las 200 lkr de junio de 2021.

Sin divisas, Sri Lanka, que depende en gran medida de las importaciones, no podría permitirse comprar combustible (gasolina, diésel, carbón, querosén, gas lp), alimentos ni medicamentos. La escasez de combustible ha afectado no solo al transporte, sino también a la producción de electricidad, lo que hace que los cortes de energía, antes raros, sean un evento diario y prolongado desde febrero hasta la actualidad. Con la escasez de alimentos y otros productos esenciales en el mercado, se han formado colas en todas partes. Todos los precios han aumentado bruscamente. En julio, la inflación general fue más de 60%, los alimentos aumentaron 90%, y los artículos no alimentarios, 46%. Una de cada tres personas sufre de inseguridad alimentaria: no tienen un acceso adecuado a los alimentos o reducen el número de comidas, el tamaño de las porciones, la calidad y la variedad. Se han establecido cocinas comunitarias en Colombo mediante la financiación participativa para proporcionar al menos una comida al día en zonas de bajos ingresos, así como una distribución ad hoc de paquetes de alimentos cocidos.

La escasez de combustible y los cortes de energía también debilitan a los sectores productivos de la economía, incluidos la agricultura, la pesca y la industria. Los medios de vida de los jornaleros y los hogares urbanos pobres están devastados. La crisis ha diezmado los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores autónomos mal remunerados, como quienes conducen taxis o entregan comidas. Los ahorros y las pensiones de las clases media y trabajadora disminuyeron en más de la mitad como resultado de la devaluación de la rupia. Quienes tienen una renta fija no pueden seguir los aumentos inflacionarios de precios impulsados por los especuladores, sin un aumento compensatorio de los salarios. Decenas de miles de personas, principalmente jóvenes, acuden en masa a la oficina de pasaportes, su primer paso para encontrar un trabajo en el extranjero. Varios cientos de ellos fueron interceptados en el mar cuando intentaban huir a la India o Australia a bordo de barcos de pesca sobrecargados e inseguros.

El descontento de la población con el empeoramiento de la crisis fue evidente durante la pandemia de covid-19, con manifestaciones de agricultores, maestros, trabajadores de la indumentaria y de plantaciones en 2021, así como de mujeres víctimas del microcrédito en 2020. Ha habido protestas puntuales contra el gobierno y manifestaciones de partidos políticos de la oposición, pero que solo movilizaron a los fieles. Mientras tanto, el gobierno siguió minimizando la gravedad de los problemas económicos. La gente de todas las clases sociales estaba desencantada por un gobierno indiferente a su dolor e inactivo ante su sufrimiento².

La familia Rajapaksa, que ha dominado la política de Sri Lanka desde 2005, es tanto objeto de culto como de temor en la sociedad según la etnia y las opiniones políticas de cada cual. Por primera vez, de manera general, se han hecho públicas historias de abuso de poder, afición a los astrólogos y riqueza inexplicable. La demanda dirigida al presidente Gotabaya Rajapaksa de que se «vaya a casa» también se refería al resto de su familia. A este lema se le unió otro: «¡Devuélvenos el dinero que nos has robado!». Aunque las tensiones entre las clases sociales indican una crisis sistémica, el movimiento ciudadano que surgió en 2022 se enmarcó en gran medida en la convicción de la clase media de que la mala gestión de la economía se deriva de la gran corrupción de políticos y burócratas.

Este levantamiento popular es heterogéneo, sin estructura ni líder. Desafía las etiquetas de clase bien definidas. Su origen en esta categoría difusa de la «clase media» ha dado forma a su carácter y conciencia. Sin embargo, con el tiempo se ha diversificado y ha recibido apoyo de estudiantes universitarios, jornaleros, habitantes pobres de la ciudad, jubilados, personas con discapacidades, sindicalistas, miembros del clero y la comunidad lgbti. Sin embargo, la participación activa de la clase trabajadora –agricultores, pescadores y trabajadores de las plantaciones– es mínima. Ni siquiera los representantes de izquierda de las clases subalternas que participan en él han podido trascender la demanda general del movimiento ciudadano de alivio económico a corto plazo, ni avanzar en un programa que vaya más allá del cambio de régimen y la reforma democrática liberal y constitucional³. La izquierda no tiene programa ni estrategia para la transformación socioeconómica de la sociedad y el poder de los trabajadores.

¿Cuáles han sido las etapas de las movilizaciones en los últimos meses?

Grupos de ciudadanos de clase media comenzaron de forma sistemática a organizar manifestaciones vecinales en la ciudad más grande, Colombo, y sus suburbios⁴. A medida que la crisis se aceleraba, el movimiento se fue propagando. Un punto de inflexión cualitativo ocurrió el 31 de marzo, cuando grupos de jóvenes fueron atacados violentamente durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que custodiaban la residencia privada del presidente Rajapaksa. Posteriormente, las protestas se multiplicaron con rapidez, incluso fuera de Colombo. Algunos organizadores, no relacionados con los partidos políticos y novatos en el activismo, propusieron una convergencia de protestas frente a un símbolo del poder presidencial: su oficina en Galle Face, el parque costero de Colombo.Esta manifestación masiva de decenas de miles de personas de toda la isla que comenzó el 9 de abril se convirtió en una ocupación continua (#Occupy GalleFace), lo que impidió que Gotabaya Rajapaksa accediera a la sede de la Secretaría Presidencial hasta su dimisión en julio. En otras partes de Sri Lanka la gente ha ocupado otros espacios públicos para exigir la dimisión del presidente, los miembros de su familia y el gobierno.

Sin embargo, la ocupación más importante y emblemática tuvo lugar en Colombo y fue apodada por sus habitantes «GotaGoGama»⁵. En cingalés, «gama» significa pueblo, aldea. Lo que inicialmente eran solo unas pocas tiendas de campaña destinadas a albergar a quienes se quedaron se convirtió en una comuna con una cocina, una biblioteca, salas de baile y teatro, una sala de cine, un huerto, atención médica occidental y ayurvédica, energía solar para recargar teléfonos móviles, así como campamentos de la comunidad con discapacidad auditiva, católicos que intentaban conseguir justicia por los atentados terroristas del domingo de Pascua de 2019, militantes, hombres y mujeres, contra las desapariciones forzosas y por los derechos humanos, y numerosas organizaciones juveniles, en particular las del partido de izquierda Janatha Vimukthi Peramuna (jvp, Frente Popular de Liberación) y el Partido Socialista de Primera Línea.

Otra etapa importante en el movimiento ciudadano comenzó el 9 de mayo, cuando partidarios del entonces primer ministro Mahinda Rajapaksa atacaron el GotaGoGama en Colombo y Kandy. La solidaridad de la ciudadanía fue inmediata. La violencia política ha provocado contraataques por parte de personas encolerizadas, hasta ahora inactivas en las protestas pero en acuerdo pasivo con ellas, contra los políticos del gobierno y sus propiedades. Esto obligó a Mahinda Rajapaksa a dimitir.

El presidente Rajapaksa nombró rápidamente como primer ministro a su antiguo rival político Ranil Wickremesinghe, del Partido Nacional Unido (unp, por sus siglas en inglés), quien había ejercido el cargo con anterioridad. La decisión del presidente trajo cierta estabilidad en un gobierno completamente desorientado desde principios de abril, cuando Wickremesinghe formó un nuevo gabinete con el apoyo del partido de Rajapaksa, Podujana Peramuna (Frente Popular) y desertores de la oposición. La impresión, alentada por los intereses comerciales y la sociedad civil liberal, de que Wickremesinghe, con su orientación proprivada, prooccidental y cosmopolita, era el mejor capitán en un mar agitado, así como la ansiedad relacionada con la violencia y el «extremismo» después del 9 de mayo, contribuyeron a la disminución de la participación de la clase media en las manifestaciones.

Sin embargo, la paralizante escasez de combustible y el deterioro de la vida económica y social han mantenido la ira dentro del movimiento ciudadano ahora conocido como Aragalaya («lucha» en cingalés). Para reforzar la demanda de «Gota», pero ahora también «Ranil», de «váyanse a casa», los grupos #GotaGoGama convocaron el 9 de julio una manifestación masiva hacia la oficina del presidente (asediada pero no ocupada) y su vecina residencia oficial (que había sido bunkerizada desde su evacuación de su residencia privada en marzo). Esta manifestación resultó ser la mayor movilización del movimiento ciudadano hasta la fecha. Contra todas las expectativas y superando los muchos obstáculos que se interponían en el camino, las personas de las clases populares superaron abiertamente a las fuerzas represivas (militares y policiales) para apoderarse espectacularmente de la Secretaría Presidencial y la Casa del Presidente. Espontáneamente, otras personas se reunieron frente a la residencia oficial desocupada del primer ministro Wickremesinghe, objeto de continuas protestas de personas que acamparon delante (#NoDealGama/#RanilGoGama) y que finalmente tomaron posesión de ella a altas horas de la noche. Después de meses de protestas, el presidente Rajapaksa, que se había refugiado en un barco de la Marina, al fin anunció su renuncia, antes de volar a las Maldivas y luego a Singapur.

A lo largo del 9 de julio, el primer ministro Wickremesinghe se resistió a la solicitud de renuncia de los manifestantes, diciendo que su presencia era necesaria hasta la formación de un gobierno multipartidario. Esto irritó a quienes esperaban que se fuera al mismo tiempo que el presidente, con quien estaba vinculado políticamente. Una multitud se reunió de manera espontánea frente a la residencia privada de Wickremesinghe (que él había abandonado por adelantado). Fue repelida por la policía armada, que también agredió a periodistas que filmaron esta violencia. A medida que se difundió la noticia de este ataque, llegaron más y más personas. Durante un extraño incidente, y bajo la supervisión de las fuerzas de seguridad, la casa fue incendiada. Sin embargo, el primer ministro (ahora presidente interino) se negó a dimitir. Esto provocó manifestaciones militantes el 13 de julio frente a su oficina, que cayó en manos de los manifestantes a pesar de los gases lacrimógenos y los cañones hidrantes. En la semana siguiente, los manifestantes liberaron voluntariamente las sedes estatales que habían sido ocupadas los días 9 y 13 de julio.

¿Participan las diferentes comunidades étnicas y religiosas de Sri Lanka en las manifestaciones de la misma manera?

El Aragalaya es en gran medida un movimiento dentro de la nación cingalesa mayoritaria, y de las ciudades y pueblos del sur de la isla donde se habla cingalés. La nación tamil minoritaria, en especial en el norte y el este de la isla, se ha abstenido de participar activamente en el movimiento. Pequeñas delegaciones de estas regiones fueron a #GotaGoGama para expresar su solidaridad, al tiempo que planteaban sus propias demandas de verdad y responsabilidades después de la guerra, contra la militarización de su patria tradicional y para la restitución de sus tierras bajo ocupación militar. La minoría étnico-religiosa musulmana, que enfrenta la violencia y la islamofobia desde el final de la guerra en 2009 y después de los ataques terroristas del domingo de Pascua de 2019, permanecía inicialmente desconfiada, pero esto cambió durante el mes de ayuno de abril. Los tamiles de las colinas y los del noreste pero domiciliados en el sur participaron en las manifestaciones.

Las comunidades étnicas minoritarias tenían sentimientos encontrados hacia el movimiento, al igual que los cingaleses, pero por diferentes razones. Como el ex-presidente es un representante del chovinismo budista cingalés, algunos han percibido el Aragalaya como un mea culpa tardío, incluso si todavía no reconoce las injusticias cometidas contra las minorías en un Estado racista. Otros temían que su participación o apoyo a las manifestaciones los hiciera vulnerables a la vigilancia estatal y los expusiera a represalias. Ningún movimiento por sí solo puede borrar las contradicciones y fracturas de la sociedad, especialmente cuando, en el mejor de los casos, se pasan por alto y, en el peor, son invisibles. Sin embargo, algunas personas en el seno del Aragalaya han revisado un pasado incómodo, en particular la discriminación histórica contra las minorías y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los tamiles en 2009.

¿Es cierto que las causas de la crisis actual son la suma de los efectos del modelo capitalista neoliberal recomendado por el fmi/Banco Mundial y deseado por el gran capital de Sri Lanka, que se combina en los últimos dos años con la dramática caída de los ingresos del turismo y el aumento de los precios del combustible y de las importaciones de alimentos? ¿Podría recordarnos cuándo se dio el gran giro neoliberal?

Los leales a los Rajapaksa en el Parlamento y sus apparatchiks en las instituciones estatales, la sociedad civil nacionalista cingalesa y los medios de comunicación prorrégimen sitúan esta crisis en lo que está fuera de la economía nacional y, por lo tanto, fuera del control del régimen: las perturbaciones causadas por la pandemia de covid-19 en las cadenas de aprovisionamiento mundiales y nacionales, que han tenido un impacto sobre la producción y la circulación; el hundimiento del turismo en 2020-2021; la guerra de Rusia contra Ucrania (siendo ambos mercados muy importantes para el té de Ceilán y, desde hace poco, países de origen de turistas); y la espiral mundial de los precios de los combustibles (gasolina, diésel, gas licuado), de los productos alimenticios (trigo, maíz, leche en polvo, azúcar) y de los fertilizantes (urea). Esto, por supuesto, equivaldría a absolver al ex-presidente Rajapaksa, a sus asesores y familiares en el gobierno (el hermano mayor Mahinda fue primer ministro hasta el 9 de mayo de 2022 y el hermano menor Basil fue ministro de Finanzas hasta el 4 de abril de 2022) de cualquier responsabilidad por este desastre.

Los detractores de los Rajapaksa, miembros de la oposición política, de los grupos de reflexión, los economistas y la sociedad civil liberal, atribuyen la crisis a las medidas «populistas» irreflexivas adoptadas después de las elecciones presidenciales de 2019, principalmente las reformas de los topes a los impuestos directos y al impuesto sobre el valor agregado, que redujeron a la mitad los ingresos, y la prohibición de los agroquímicos, que habría provocado daños en las cosechas de arroz y de té, anunciando una hambruna inminente; la impresión de moneda (como la aprobada por la teoría monetaria moderna) para financiar el gasto público, lo que ha alimentado la inflación; la drástica caída de las remesas de los trabajadores migrantes a través de canales oficiales (los canales informales ofrecen una tasa de conversión dólar/rupia más atractiva); y la negativa a participar en un programa macroeconómico del fmi, acompañado de la reestructuración de la deuda. Este relato acusa abiertamente al régimen, al tiempo que exonera al modelo económico de cualquier responsabilidad por la tragedia.

Por lo tanto, las explicaciones principales o dominantes de los problemas de Sri Lanka ponen en cuestión factores coyunturales. Hay un tercer punto de vista: los problemas mencionados anteriormente son síntomas y no causas de la crisis. En otras palabras, los orígenes de nuestra tormenta son estructurales. En Sri Lanka, en 2022, el capitalismo neoliberal se enfrenta a las consecuencias de sus propias políticas. Cada manifestación de la crisis actual, y cada respuesta fallida, es el resultado de estas ideas hegemónicas presentadas en forma de políticas, procesos y mecanismos⁶.

En 1977, el triunfo electoral del unp, el gran partido de derecha de Sri Lanka dirigido por J.R. Jayewardene (tío de Ranil Wickremesinghe), marcó una ruptura decisiva con las políticas dirigistas del pasado. El unp lanzó la primera ola de reformas a favor de la liberalización del mercado, supuestamente para superar los fracasos de la «economía cerrada» después de 1970 y para imitar el camino de Singapur hacia la prosperidad. Era 10 a 15 años antes de que el resto del sur de Asia siguiera el mismo camino. Cabe señalar que estas reformas no fueron el resultado de un préstamo del fmi y el Banco Mundial (que siguieron), sino más bien de la visión de un nuevo equipo dirigente con ideas novedosas dentro de la unp, junto con sectores orientados hacia el exterior de la clase capitalista nacional. Por supuesto, la progresión de lo que hoy conocemos como el «Consenso de Washington» o «neoliberalismo» no ha estado de acuerdo con la teoría de los libros de texto: la economía política de Sri Lanka (como cualquier otra formación social) lo ha obstaculizado.

Entre 1983 y 2009 se produjo una guerra interna entre el Estado de Sri Lanka y los separatistas tamiles y esto amplió el alcance y el peso social del ejército. Mientras tanto, hubo una insurgencia de jóvenes cingaleses contra el Estado entre 1987 y 1989, liderada por el mencionado partido Janatha Vimukthi Peramuna (jvp), que se opuso al doblete autoritarismo político/liberalismo económico del unp. Sin embargo, hubo otra ola neoliberal a principios de la década de 1990, iniciada por el unp pero proseguida por su histórico enemigo de centroizquierda, el Partido de la Libertad de Sri Lanka (slfp). La ola más reciente, bajo el slfp liderado por Rajapaksa, tuvo lugar durante la crisis financiera mundial de 2007-2008. Por lo tanto, hay continuidad en la orientación y trayectoria del desarrollo capitalista desde finales de la década de 1970 hasta la actualidad, a pesar de los cambios en el régimen político⁷.

El comercio, tanto de importación-exportación como nacional, se ha liberalizado para permitir la entrada de capital privado. La retirada del Estado socavó su capacidad para regular los precios de mercado, almacenar y distribuir las reservas de alimentos. Los cárteles, particularmente en el área de la transformación y venta de arroz y en el sector de las importaciones, se han fortalecido. El capital extranjero ha sido cortejado mediante el establecimiento de zonas de procesamiento de las exportaciones, de generosas exenciones fiscales y flujos de capital sin restricciones, así como por descenso de salarios en el sector manufacturero de exportación, además de la supresión de los sindicatos y los derechos de los trabajadores. El sector de los servicios se ha convertido en el más grande de la economía y se han creado puestos de trabajo sin seguridad ni derechos. El impuesto a las sociedades y la relación impuesto/pib se encuentran entre los más bajos de Asia. Los impuestos indirectos, que penalizan a los pobres, representan 82% de los ingresos fiscales totales, lo que pone de relieve la resistencia de los ricos a la tributación directa y progresiva. Los pequeños agricultores han perdido su acceso habitual a las tierras estatales en beneficio de los agronegocios, que se han beneficiado de préstamos bancarios e incentivos a la exportación. Las asignaciones presupuestarias combinadas de salud y educación del Estado son inferiores al presupuesto militar y solo son suficientes para cubrir los salarios y otros gastos periódicos⁸.

La industrialización orientada a la exportación ha suplantado a la industrialización de sustitución de importaciones, pero hay que tener en cuenta que las exportaciones consisten en ropa de bajo valor añadido, mientras que las importaciones consisten en materias primas, bienes intermedios y maquinaria, lo que agrava el desequilibrio entre los gastos para las importaciones y los ingresos provenientes de la exportación. No se ha hecho ningún esfuerzo para apoyar la producción industrial para el mercado nacional, en los sectores del cemento, cerámica, papel, cuero, textil, acero, azúcar, combustibles y aceite lubricante, etc. No se consideró que estas industrias tuvieran una ventaja comparativa para Sri Lanka y, en cualquier caso, las importaciones eran más baratas y abundantes, con beneficios más rápidos por menos esfuerzo. Esto ayudó a desindustrializar la economía de la isla, destruyó el potencial local en términos de capacitación y empleos e intensificó la dependencia de los caprichos del mercado mundial.

Mientras tanto, la principal exportación agrícola, el té (y, en menor medida, el caucho), ha seguido siendo importante, salvo que la relación de intercambio favorece sistemáticamente a los exportadores de productos manufacturados sobre los productos básicos. Incluso los principales productos de exportación, como la ropa y el té, dependen en gran medida de las importaciones. El turismo se ha convertido en una fuente más importante de divisas, aunque nunca ha alcanzado una escala masiva ni ha superado los textiles/confección y el té, pero de nuevo ha requerido grandes importaciones de materiales de construcción, accesorios e instalaciones, alimentos y bebidas, con una mayor vulnerabilidad ante las perturbaciones, como ocurrió durante el covid-19.

Sin embargo, la mayor fuente de divisas han sido las remesas de los trabajadores y trabajadoras migrantes a Asia occidental, principalmente a los países del Golfo. Lo que hay que destacar es que los tres principales contribuyentes a los ingresos provenientes del extranjero –migración laboral, ropa y té– provienen del trabajo de las mujeres en empleos mal remunerados.

¿Cuál es el balance de la «economía abierta» de Sri Lanka después de más de 40 años?⁹ Ha aumentado la dependencia del comercio mundial (exportaciones e importaciones), del capital extranjero y privado, y de los préstamos para financiar proyectos de infraestructura a gran escala y a menudo comercialmente insostenibles, así como incapaces de cerrar la enorme brecha de ingresos y gastos. La deuda de Sri Lanka creció exponencialmente hasta los 51.000 millones de dólares, en una pequeña economía de 80.000 millones de dólares de pib. La financiarización de la economía desvía la inversión de la producción, lo que también promueve la deuda de los hogares a través de las instituciones de microcrédito. La migración de mano de obra poco cualificada, especialmente a Oriente Medio, es un pilar de muchos hogares pobres. La capacidad del Estado para regular los precios de los productos y servicios esenciales y proteger el consumo básico, el empleo y los ingresos sociales, así como el acceso a la salud y la educación, especialmente en tiempos de gran angustia como en la actualidad, se está degradando. Mientras tanto, las desigualdades de ingresos y riqueza han estallado de una manera grotesca, al igual que el empleo informal, lo que ha creado una mayor inseguridad para las trabajadoras y los trabajadores asalariados y sus hogares. La conciencia de clase se ha erosionado en la clase obrera organizada; y el declive de la izquierda como referencia ideológica, política y organizativa parece inexorable¹⁰.

¿Existen similitudes entre Sri Lanka en 2022 y los levantamientos en Egipto y Túnez (2011) y Líbano (2019)?

Después de la manifestación del 31 de marzo de 2022, el gobierno describió el movimiento ciudadano como una réplica de la «primavera árabe». Fue un insulto. Se dedujo que los manifestantes, al tratar de derrocar al presidente, eran agentes de agitación, inestabilidad y caos, tal vez incluso podrían allanar el camino para la intervención y la desestabilización por parte de las potencias extranjeras, por no mencionar el tropismo de la islamofobia para crear una brecha entre los manifestantes. Sin embargo, dentro del movimiento ciudadano no hubo comparación ni referencia a los levantamientos populares que comenzaron en 2010 en Túnez, Egipto y otros lugares de Oriente Medio y el norte de África. No hay evidencia, ni siquiera entre los organizadores del Aragalaya, de un estudio en profundidad de estos movimientos.

Lo que puede ser común entre Sri Lanka de 2022 y la «primavera árabe» es que la crisis económica, la falta de oportunidades y las dificultades diarias debido a la escasez de bienes esenciales han empujado a la juventud a salir a las calles; la gran corrupción se ha identificado como la razón de la incapacidad de los gobiernos para proporcionar un nivel de vida decente para todos y todas; y el remedio se ha asimilado a una mayor democratización del sistema político y de la estructura del Estado. Lo que es radicalmente diferente respecto de Túnez y Egipto es la escasa participación en Sri Lanka de la clase obrera en los centros de trabajo y a través de sus organizaciones dentro del movimiento actual, con la excepción de las delegaciones de líderes sindicales en #GotaGoGama en Colombo y en otros lugares, los truenos del hartal del 28 de abril¹¹ y la huelga general del 6 de mayo. Una diferencia más feliz con Egipto es la ausencia hasta la fecha de una toma del poder por el ejército en Sri Lanka.

Entre los comentaristas de derecha en 2021 hubo referencias poco halagadoras a la crisis del Líbano como un espejo en el que se predice el futuro de Sri Lanka. No hubo discusión sobre el «levantamiento del 17 de octubre» libanés dentro del movimiento ciudadano en Sri Lanka. La insularidad es profunda en esta isla, incluso en su izquierda y los sindicatos. Lo que puede ser común a los levantamientos en ambos países es el intento consciente de elevarse por encima de las divisiones étnico-religiosas, identificándose como un solo pueblo con problemas económicos comunes y un enemigo común en el gobierno, y rechazando tanto al Ejecutivo como al Legislativo. En ambos casos, los gobernadores de los respectivos bancos centrales han sido considerados responsables de la crisis, aunque en Sri Lanka el sistema bancario es estable en este momento. Otro punto común entre los dos movimientos puede ser que han logrado derrocar gobiernos, pero aún no han creado uno de su gusto.

¿Hay conciencia de la importancia de la cuestión de la deuda en un sector significativo de personas movilizadas? Hubo enormes movilizaciones contra el fmi en Argentina de marzo a julio de 2022. ¿Hay algún sector significativo que esté convencido de que no debería haber un nuevo acuerdo con el fmi? ¿Qué se debe hacer con los pagos de la deuda y con el fmi? ¿Cuáles son sus propuestas de medidas de emergencia para hacer frente a la crisis en Sri Lanka?

Mientras que en Argentina la gente sale a las calles para oponerse al fmi, en Sri Lanka es más probable que la gente se manifieste para pedir la intervención del fmi. En realidad, no puede haber ningún otro país en el que se desee más un acuerdo con el fmi que Sri Lanka. Por supuesto, esta locura se basa en la desesperación inmediata, por un lado, y en la ignorancia de las condiciones de austeridad, por el otro. Ningún programa actual del fmi permite conocer el dolor y la indigencia de los pobres. El más reciente (el 16o desde el primer acuerdo en 1965) data de 2016 y no se ha completado, los pagos continuaron en 2021. En el contexto de la crisis actual, se ha dejado claro a la sociedad que, dado que todas las puertas de los nuevos préstamos le están cerradas, Sri Lanka no tiene más remedio que recurrir al fmi como prestamista de último recurso.

La mentira que se transmite es que la solución milagrosa a la crisis es el fmi. No se explica que no es probable que el propio fmi preste más de 3.000 millones de dólares a través de su línea de crédito ampliada, y esto en varias entregas a lo largo de cuatro años. Esta cantidad no representa más que el costo de seis meses de productos derivados del petróleo. También representa menos de la mitad de lo que Sri Lanka tuvo que pagar por el servicio de la deuda solo en 2022. Si se supone que los fondos del fmi financiarán importaciones urgentes, Sri Lanka, según el fmi, tendrá que reanudar el servicio de la deuda y dar prioridad a sus ingresos para este fin. Por encima de todo, un programa del fmi no resuelve las razones por las que Sri Lanka ha quedado atrapado en la trampa de la deuda, ni el hecho de que, con su actual estructura económica e integración en la economía mundial, nunca podrá alcanzar un superávit de la balanza de pagos para evitar nuevos préstamos.

No ha habido ninguna resistencia ni alternativa a un programa del fmi por parte de una izquierda aturdida y paralizada, que va desde jvp hasta activistas de movimientos sociales. «Deberíamos tomar el dinero, pero rechazar la austeridad o hacer que las condiciones cumplan con los derechos humanos», dicen algunos optimistas. «El fmi ha cambiado desde la década de 1980, acepta el gasto público más fácilmente e incluso apoya una red de seguridad social para las personas vulnerables», insisten otros. «Ya conocemos la austeridad, ¿qué puede hacer peor el fmi?», ladran unos cuantos. «Fue un error incumplir la deuda» (lo que Sri Lanka ha hecho desde mayo de 2022), dicen otros. «Necesitamos un acuerdo del fmi para que la calificación de riesgo de Sri Lanka mejore y así podamos volver a pedir préstamos a agencias bilaterales y multilaterales, y en el mercado de bonos».

Algunos sindicatos del sector privado han pedido con razón que el gobierno sea transparente en el proceso de negociación con el fmi y que haga público el proyecto de acuerdo que se está negociando. Sin embargo, hasta ahora, más allá de lacónicos comunicados de prensa sobre el proceso, no hay información técnica sobre el esquema del programa propuesto.

Queda por ver si, una vez que se concluya el acuerdo con el fmi, el movimiento se radicalizará en torno de condiciones probables, como el aumento de los impuestos sobre el combustible y los alimentos y las tarifas para la electricidad, el agua y otros servicios públicos, el congelamiento de los salarios y la reducción de personal en el sector público, la «consolidación presupuestaria» a través de reducciones de los gastos de salud, educación y servicios sociales, la desregulación del mercado de trabajo, en particular en lo que se refiere a las horas de trabajo, las facilidades para despedir y la privatización de las empresas públicas. La derecha ha encontrado de forma inteligente oportunidades para avanzar en el proyecto neoliberal en esta crisis, aprovechando la escasez de combustible y los cortes de energía para promover la privatización de las empresas estatales Ceylon Petroleum Corporation (cpc) y Ceylon Electricity Board (ceb). Los nacionalistas cingaleses pueden lanzarse a una oposición xenófoba contra un programa del fmi, aunque solo sea para diferenciarse del presidente Wickremesinghe ante el electorado. A menudo, en relación con las campañas contra la privatización que involucran al capital indio y el acuerdo de la Millennium Challenge Corporation (mcc), respaldado por Estados Unidos, los sindicatos y las organizaciones de izquierda han establecido alianzas oportunistas con el nacionalismo cingalés, bajo el disfraz de «antiimperialismo».

Hasta ahora, la cuestión de la deuda no se ha abordado en el movimiento ciudadano. Sri Lanka ya está en mora de pagos. Esto interrumpió un debate marginal, que cruza la derecha y la izquierda, sobre si el gobierno debería suspender unilateralmente el servicio de la deuda para dar prioridad a las reservas de divisas para bienes esenciales, en particular los medicamentos. Es probable que Sri Lanka no reanude el reembolso de la deuda hasta 2023. El gobierno contrató a Lazard y Clifford Chance como asesores financieros y legales, respectivamente, para asesorarlo sobre la reestructuración de la deuda externa. Este año, hay rumores sobre deudas odiosas e ilegítimas relacionadas con los Rajapaksa. Algunas voces solitarias piden una auditoría de la deuda, en particular de los bonos soberanos internacionales (isb). Sin embargo, esto aún no se ha convertido en una demanda de los partidos políticos o movimientos sociales.

Una breve descripción de la composición de la deuda externa de Sri Lanka puede ser relevante en este momento. La mayoría de la deuda externa, alrededor de 47%, consiste en títulos soberanos que estarían en manos de BlackRock, Allianz, ubs, hsbc, jp Morgan Chase y Prudential, y en mucha menor medida de bancos comerciales de Sri Lanka y otros lugareños (incluidas personas cercanas a los Rajapaksa, según los rumores). Los acreedores bilaterales, principalmente Japón, China y la India, y otros países, representan colectivamente 31%. Por último, los acreedores multilaterales, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial, representan 21%.

El relato occidental e indio de una «trampa de la deuda china» es de mala fe. Sin embargo, hay que destacar dos puntos en relación con los préstamos chinos¹². En primer lugar, su proporción real está más cerca de 20% que del 10% registrado por el Banco Central de Sri Lanka, porque la cifra oficial no incluye los préstamos concedidos a empresas estatales (por el Banco exim y el Banco de Desarrollo de China). En segundo lugar, los préstamos chinos financiaron megainfraestructuras y proyectos megalómanos de la era Rajapaksa que no beneficiaron a la población y cuyos costos habrían sido inflados por fuertes «comisiones» pagadas al clan del presidente y a sus familiares. Por lo tanto, estos préstamos, entre otros, deben ser auditados para determinar si las deudas contraídas son odiosas o ilegítimas.

Además del actual no pago de la deuda, debería haber una moratoria sobre el servicio de la deuda a la espera de una auditoría (incluida la deuda interna) y una reorientación de la economía en torno del eje de la ayuda a las clases trabajadoras después de esta crisis. Además de una reducción radical de la deuda reclamada por los acreedores privados, todas las deudas ilegítimas deben cancelarse. La deuda de los hogares también aumentó durante la crisis, ya que los préstamos se contratan para las necesidades de los consumidores y para cubrir los gastos urgentes. Los hogares también deben beneficiarse de un alivio de la deuda, complementado con asistencia directa para sus necesidades y actividades productivas, con el fin de romper el ciclo de nuevos préstamos para reembolsar los antiguos.

Entre las medidas de emergencia o a corto plazo necesarias se pueden citar el suministro de una cesta de alimentos esenciales a los hogares de bajos ingresos en las zonas urbanas y rurales y en las plantaciones, con el fin de protegerlos de la hambruna¹³. No debemos confiar únicamente en el registro existente, sino incluir a las personas empujadas a la pobreza por la crisis, así como a las y los migrantes internos, como los trabajadores de las fábricas de exportación y otras personas que residen temporalmente cerca de su lugar de trabajo. En este proceso, el sistema de distribución pública que ha sido desmantelado por la «economía abierta» debe reconstruirse bajo el control de la comunidad. Quienes se dedican a la agricultura y la pesca deberían tener prioridad en el suministro de diésel y querosén para poder reanudar la producción y distribución. Se debe privilegiar el transporte escolar y público frente a los vehículos privados en el racionamiento y el suministro de combustible. Los empleadores deben asumir la responsabilidad del transporte de sus trabajadores y trabajadoras.

Se debe abolir la presión fiscal sobre los pobres, aumentando los impuestos sobre el valor añadido sobre el consumo de los ricos. Se debe establecer un sistema de garantía de empleo para garantizar un número mínimo de días laborables remunerados en las comunidades urbanas, rurales y de plantaciones. Las superganancias realizadas por bancos, empresas financieras y otros sectores durante la pandemia deben estar sujetas a impuestos más altos. El presupuesto militar debe reducirse a la mitad y los fondos asignados deben dedicarse a la salud (incluidos los complementos alimenticios para madres y bebés) y a la educación (incluida la leche fresca y los almuerzos para los estudiantes). Debe haber una moratoria sobre los préstamos a microempresas y pequeñas empresas y reducciones de los tipos de interés del crédito bancario, a fin de que puedan sobrevivir mientras apoyan la producción y el empleo. Se debe ayudar a los mecanismos de crédito y distribución que son propiedad y están gestionados por la comunidad, incluidas las cooperativas, a fin de dar prioridad a las necesidades de los trabajadores, especialmente las mujeres.

Con el nombramiento del nuevo presidente y el uso de la represión contra las manifestaciones, está claro que el régimen no está haciendo concesiones serias, ¿qué puede pasar?

Si bien el desalojo del expresidente Gotabaya Rajapaksa y su familia del gobierno es una victoria para el movimiento ciudadano, la elección de Ranil Wickremesinghe como presidente es un grave revés¹⁴. Por el momento, esto ha estabilizado el orden político que protege a la familia Rajapaksa, su partido político y el statu quo contra el que la ciudadanía ha protestado. Esta «selección» del nuevo presidente tiene la bendición de las grandes empresas, la clase media y la opinión liberal. La nueva situación ha desmovilizado considerablemente al movimiento ciudadano y ahora lo está satanizando sistemáticamente. El Aragalaya pidió el establecimiento de un gobierno provisional multipartidista, dirigido por un presidente interino y un primer ministro, para instituir reformas que reduzcan los poderes ejecutivos de la Presidencia y proporcionar asistencia económica y estabilidad a la espera de las elecciones generales anticipadas. Participantes radicales del Aragalaya también pidieron la creación de un Consejo Popular, como una extensión de la democracia participativa, para representar los intereses de la ciudadanía como complemento y medio de control del Parlamento. Sin embargo, el Aragalaya fue derrotado por los manejos del nuevo presidente, apoyados por la podrida mayoría del Parlamento. El objetivo de los miembros del gobierno es prorrogar el mandato de este Parlamento hasta 2024, protegiendo así a los parlamentarios del régimen de Rajapaksa de las investigaciones penales y de la posible pérdida de su electorado.

Unas horas después de prestar juramento como presidente el 21 de julio, Wickremesinghe envió al ejército al lugar de la agitación «GotaGoGama» en Colombo, agrediendo a hombres y mujeres manifestantes y destruyendo algunas tiendas de campaña y espacios. Desde entonces, la represión se ha intensificado y es implacable, mientras el estado de emergencia está en vigor. Alrededor de un centenar de personas, incluidas las más visibles como influencers o portavoces del movimiento, fueron secuestradas o arrestadas por la policía por diversos delitos relacionados con su entrada u ocupación de edificios públicos o su simple participación en manifestaciones pacíficas. Los periodistas y las organizaciones de medios de comunicación que han proporcionado una cobertura favorable de las manifestaciones son acosados. Los y las sindicalistas que transmitieron las demandas del Aragalaya son hoy arrestados. La policía está tratando de mantener a los últimos manifestantes alejados de Galle Face, pensando en desactivar el movimiento.

Hay una campaña concertada en los medios sociales y convencionales para difamar a los manifestantes llamándolos «fascistas» o «anarquistas», financiados por los gobiernos occidentales y las ong e incluso por la diáspora tamil para lograr un cambio de régimen. El 29 de julio, organizaciones de la sociedad civil, grupos de mujeres, miembros del clero cristiano, defensores de los derechos humanos y otros miembros de las comunidades tamil y musulmana organizaron manifestaciones de solidaridad en el norte y el este (Jaffna, Mannar y Batticaloa) para exigir la liberación de todas las personas detenidas y el fin de la represión. Se han llevado a cabo acciones de solidaridad en las comunidades de Sri Lanka en el extranjero. Deben continuar y gozar del apoyo de la izquierda y de las organizaciones del movimiento obrero también en estos países.Esta lucha está inconclusa y actualmente está experimentando un grave revés. Pero es, sin duda, la lucha social más edificante y esperanzadora del siglo xxi en Sri Lanka. Toda la gente que en todo el mundo se ha inspirado en el levantamiento popular de 2022 ahora debe ponerse de pie para defenderlo.